Después de tres meses de investigación, María Isabel Durantez, jueza encargada del caso de las amenazas de muerte que se produjeron durante la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4-M hacia Pablo Iglesias (ex líder de Podemos y excandidato a la presidencia madrileña), Fernando Grande-Marlaska (Ministro del Interior del Gobierno del PSOE) y María Gámez (directora general de la Guardia civil), ha decidido archivar la causa de forma provisional.

El motivo de esta decisión se debe a que de las "gestiones llevadas a cabo no se derivan datos para la identificación de las personas responsables de los hechos investigados", tal y como ha recalcado la magistrada en su auto.

La denuncia de Pablo Iglesias

El incidente se hizo público el 22 de abril tras la denuncia del ex vicepresidente del Gobierno, que anunció que había llegado una carta con cuatro balas de Cetme al Ministerio del Interior con amenazas dirigidas hacia él y su familia.

El sobre contenía una nota en la que podía leerse el siguiente mensaje: "has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota", el cual pudo conocerse gracias a la publicación de una foto por parte del propio Iglesias a través de su cuenta personal de Twitter.

La investigación de las cartas y las balas

Las indagaciones que comenzaron tras la denuncia de Iglesias, se vieron entorpecidas por un error en el procesamiento de las cartas en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos, situado en barrio madrileño de Vallecas, lo que impidió desvelar cuál fue el buzón desde el que se enviaron las tres cartas.

Este dato resultaba imprescindible para hallar al responsable de las amenazas, ya que la Policía podría haber registrado las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos al buzón y, así, dar con su paradero. Además, los sobres pasaron por un escáner encargado de detectar objetos vetados que captó siete balas; sin embargo, el vigilante no lo advirtió.

Por este motivo, Correos expedientó a INV Vigilancia, empresa encargada de su seguridad.

Por otro lado, los análisis de la científica tampoco fueron esclarecedores. Las huellas y restos de ADN encontrados en el sobre pertenecían a trabajadores de Correos que manejaron los paquetes. No se halló ni rastro del remitente. Lo mismo ocurrió con la búsqueda en la compañía fabricante de las balas y en la de los sobres, que no consiguieron arrojar luz sobre el asunto.

Tampoco pudo obtenerse ningún dato sobre el análisis grafológico, ya que el autor escribió la nota empleando las letras del molde de una regla.

Así, sin ninguna información concluyente sobre la identidad del culpable del envío de las amenazas a Pablo Iglesias, Marlaska y Gámez; la causa queda archivada a la espera de la aparición de nuevas vías de investigación que sirvan como estímulo para reabrirla.