Ha tenido un tremendo impacto en los medios de comunicación la noticia sobre el rey emérito Juan Carlos I habría regularizado ante los órganos tributarios un total de 4.395.901,96 euros, en los que se incluirían los intereses de demora y recargos derivados de su falta de declaración. Como consecuencia de innumerables viajes y gastos que fueron llevados a cabo por el padre de Felipe VI. Pero ahora se conoce que estas cifras podrían ser superiores en función de los cálculos realizados por la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En donde ponen de manifiesto que la cantidad regularizada podía ser sensiblemente mayor al oscilar entre 7.471 y 7.251 millones de euros. Es decir, casi tres millones de euros respecto al dato que ha comunicado su abogado, Javier Sánchez-Junco. De todas formas, los técnicos fiscales apuntan a que el pago fiscal por parte del monarca sería de 4,1 millones de euros. Al mismo tiempo que ponen de manifiesto sus dudas sobre los hechos regularizados al contemplarse alguna serie de contradicciones respecto a sus gastos y viajes..

Juan Carlos I evita el delito fiscal

De cualquier manera, con esta estrategia fiscal el anterior jefe de estado conseguiría un objetivo muy claro y es que no se le podría acusar a partir de ahora de delito fiscal.

Pero a cambio reconoce taxativamente que ha cometido un fraude.

Aunque al realizar esta regularización habría conseguido también que las autoridades tributarias le pudiesen incoar la apertura de una investigación para dictaminar su posible culpabilidad en esta clase de delitos. A la vez que tendría más sencillo emprender en retorno a su país, tal y como han apuntado algunos medios de comunicación.

Escudos fiscales para impedir que se abriese una investigación

José María Mollinedo, técnico de Gestha, ha evidenciado el papel que ha ejercido la Agencia Tributaria sobre este delicado asunto. Al entender que en este periodo “han arrastrado los pies” con la finalidad de que no se le abriese una investigación fiscal. A pesar de que en su opinión los indicios parece que estaban muy claros.

Pero ha ido aún más lejos al manifestar que si en vez del Rey de España en ese momento, hubiese sido un ciudadano normal no habría pasado lo mismo y se le habría abierto la oportuna investigación. Poniendo de relieve, por otra parte, que en este caso concreto sí que ha habido “escudos fiscales”.

Efecto indirecto sobre la opinión de Felipe VI

No obstante, cabe recordar que todavía está pendiente de que la Fiscalía del Tribunal Supremo valore su primera regularización. Y por tanto, no puede contemplar por el momento esta nueva que Juan Carlos I ha llevado con una total sorpresa para buena parte de la opinión pública española. Sin que desde los círculos próximos a Felipe VI se haya hecho ningún comentario sobre esta actuación fiscal.

A pesar de que es procedimiento que puede perjudicarle de cara a la opinión de los ciudadanos sobre la monarquía española.

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