Los expertos en Derecho Constitucional al igual que la Asociación Europea de Jueces y la Asociación Profesional de la Magistratura, consideran que la eliminación de la mayoría cualificada en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, reforma que quiere llevar a cabo el PSOE y Podemos, desvirtúa y es contraria la Constitución y a la legislación vigente, además de poner en juego el equilibrio de los poderes del Estado.

La reforma de la elección del CGPJ no tiene sentido si se pretende preservar su “pureza”, según Pulido

Manuel Pulido, profesor de Derecho Constitucional, considera que la reforma de la elección del CGPJ que pretende llevar a cabo el Gobierno “no tiene ni pies ni cabeza” y supone desvirtuar la misma, pues no tiene sentido ni para preservar la “pureza” del Consejo ni su imparcialidad.

La Asociación Europea de Jueces sigue la estela de esta opinión, aunque ella se encuentra más preocupada en el paso atrás que supondría dicha reforma en el camino hacia la verdadera independencia de poderes. Sin embargo, hay voces que justifican dicha reforma como un mal menor que pretende desatascar la elección del CGPJ.

Una mayoría cualificada para elegir al CGPJ aleja a los políticos de organismos que no les corresponden

Roberto Blanco, catedrático de la Universidad de Santiago, señala que la elección por una mayoría cualificada de otros órganos constitucionales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional no es “casual”. Esto obedece a que esa mayoría cualificada debe evitar que una mayoría parlamentaria se haga con el control de organismos que no deberían ser políticos, para que se respete el equilibrio de poderes y la autonomía institucional de los mismos.

Blanco considera que el Gobierno pretende llevar a cabo la reforma al no ser capaz de llegar a acuerdos

Blanco termina su declaración acusando al Gobierno de querer “arramplar” con el equilibrio institucional al ser incapaz de alcanzar una mayoría a través de acuerdos “entonces reduzco la mayoría”.

Además, un portavoz de APM explica que la reforma del Consejo General del Poder Judicial lleva en marcha desde hace dos años, y compara lo que pretende hacer el Ejecutivo en su reforma con el intento de cambiar la Ley electoral una vez iniciada la campaña.

Por otra parte, el mismo portavoz de APM informa de que el cauce elegido por el Gobierno para esta reforma, el cual es una Proposición de Ley en vez de un Proyecto de Ley, lo que pretende es obviar los preceptivos informes necesarios de órganos constitucionales como el CGPJ, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado.