Un nuevo caso de corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, en la localidad de Móstoles. Es un caso de corrupción con miembros del PP vinculados Un total de cuatro personas han sido detenidas por presuntas irregularidades durante la construcción del polideportivo municipal de la ciudad. Uno de los nombres más conocidos es el de Alberto Rodríguez de Rivera, el actual portavoz del Partido Popular en la localidad, que ha declarado ayer ante la Policía.
Estas detenciones han sido llevadas a cabo por miembros de la brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de las fuerzas policiales de Madrid dentro de los procedimientos de la “Operación Centrum”.La citada operación está investigando las presuntas irregularidades que se cometieron por parte de los dirigentes del Instituto Municipal del Suelo de Móstoles y que han llevado al actual equipo del gobierno ante la fiscalía.
Detenido el máximo responsable del Instituto Municipal del Suelo
Una de las personas que han sido detenidas es el máximo responsable del Instituto Municipal del Suelo de la localidad. Por otro lado, Alberto Rodríguez de Rivera, el actual portavoz del Partido Popular, ha declarado ante los agentes en calidad de imputado. A todos los detenidos se les acusa de los delitos de malversación y falsificación de documentación pública.
La cantidad económica que podría haber sido malversada estaría cerca de los cuatro millones de euros, en un caso que recuerda, a los medios de comunicación, a otros grandes casos de corrupción en la Comunidad de Madrid.
Alberto Rodríguez de Rivera ha sido el responsable del Instituto Municipal del Suelo durante la etapa de gobierno del Partido Popular y llegó a ser la mano derecha de Daniel Ortiz, primer edil de Móstoles y diputado regional que dimitió a causa de la conocida como "Operación Púnica".
Hubo sospechas de sobrecostes en la construcción
La responsable de esta investigación es la magistrada del juzgado número 6 de la localidad mostoleña, María Dolores Anega. Por el momento, no hay fecha cercana para la realización de los interrogatorios en los Juzgados.
Desde un primer momento hubo sospechas de sobrecostes en la construcción del polideportivo Andrés Torrejón. Según la investigación, solo se empleó un 62% del presupuesto en el levantamiento de la construcción. El resto del dinero se malversó y se habría repartido, presuntamente, entre los acusados.