Con la convocatoria de elecciones varios puntos han quedado sin resolver durante el gobierno socialista de Pedro Sánchez como son la reforma laboral o una nueva ley de Violencia de género.

La crisis de Cataluña es uno de los puntos más problemáticos

El adelanto de elecciones al 28 de abril nos deja el gobierno de Pedro Sánchez como el más corto de la etapa de la democracia, con menos de 1.000 días de duración. Y muchos puntos se han dejado a medias. Algunos de los proyectos más importantes que se han dejado a medias es la crisis con Cataluña.

Las negociaciones que estaban teniendo lugar entre el gobierno y los partido independentistas (ERC y PdeCAT) han quedado completamente en suspenso tras las enmiendas presentadas por estos a los Presupuestos Generales que no han salieron adelante.

Los catalanes querían realizar un referéndum si querían su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado 2019, algo que el equipo de Pedro Sánchez se negaba en rotundo.

Por ello, los catalanes han acusado a Pedro Sánchez y a su equipo de ceder ante las presiones tanto del Partido Popular como de Ciudadanos o de Vox.

Sí salió adelante la subida de pensiones o del salario mínimo

Muchas medidas que dependían de los Presupuestos Generales del Estado se han quedado “en espera”. Una de las mismas está vinculada a la subida del IRPF para aumentar los ingresos a costa de aumentar la presión en las rentas más altas. También, queda en espera la bajada del IVA (la conocida como “tasa rosa”) en los productos de higiene femenina que pasarían al 4%.

En esta misma situación se encontrarán la tasa Tobin y la tasa Google, que buscaban imponer impuestos a las transacciones financieras y a los servicios digitales. Igualmente, queda en un cajón quitar los copagos a los pensionistas con las rentas más bajas y a las familias con menores rentas y con niños a su cargo.

Pero sí han salido adelante la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo (un 22%, un hecho histórico) o la subida de los sueldos dentro del sector público.

Si se hubieran aprobado los Presupuestos Generales del Estado 2019, España hubiera sido capaz de cumplir el déficit que venía marcado por Bruselas. Pero el actual escenario complica la situación, ya que se estaría llevando un incumplimiento del déficit. Incluso, este podría aumentar al 2,2% o al 2,4% del PIB, cuando la idea del Ejecutivo es que estuviera en un 1,3%, justo un punto menos.

Tampoco se ha podido reformar la conocida como “regla del gasto”, lo que permitiría a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas tener más margen a la hora de usar sus superávit, como solicitaban muchos grupos parlamentarios.