La ex-alcaldesa de Madrid, Ana Botella, junto con otros siete cargos de su corto Gobierno, han sido condenados a pagar más de 23 millones de euros por realizar la venta de pisos públicos a menor precio que su valor real en el mercado a fondos conocidos como buitre.

Esta venta fue un escándalo en su momento

Aunque ya han hecho público que van a recurrir la susodicha sentencia y aseguran que la Junta de Gobierno no tuvo nada que ver con esta venta. Dicha condena es el resultado de las investigaciones y el juicio llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas y concluye que el equipo de Ana Botella y ella misma, deberán asumir toda la responsabilidad contable de la venta que tuvo lugar durante el período de Alcaldía de Ana Botella en la ciudad de Madrid.

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Fidere Gestión y Fidere Vivienda se vieron beneficiadas por la susodicha venta (ambas sociedades pertenecen al conocido fondo buitre Blockstone). Pero las arcas públicas no se vieron beneficiadas, en ningún caso.

Durante el juicio quedó probado que se permitió la venta por 128 millones de euros de un total de 1860 viviendas que eran públicas y protegidas. Los compradores se ahorraron 25.752.103 millones de euros. Si se tiene en cuenta el valor real de dichas viviendas, no se realizaron tasaciones que fueran fiables, ni la adecuada publicidad y se facilitó entre ambas partes información privilegiada.

La venta que tuvo lugar en octubre del 2013 no pudo tener como objetivo tal y como intentaron defender los propios abogados del anterior Gobierno conseguir el máximo precio.

Aunque el máximo responsable de esta venta, según la sentencia, fue Fermín Oslé (responsable de la empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de la ciudad de Madrid -EMVS-) también Ana Botella (alcaldesa de la ciudad de Madrid entre los años 2012 y 2015) es considerada responsable directa.

Pero otros nombres que aparecen en la lista de responsables son Concepción Dancausá, Diego Sanjuanbenito, Enriquez Núñez, Dolores Navarro, Paz Gonzalez y Pedro Carral.

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Todos tendrán que hacer frente a un pago solidario de 23,7 millones de euros.

El pasado mes de noviembre del 2017, el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena al frente, realizó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra la ex alcaldesa Ana Botella y su equipo, por el ejercicio de esta venta y reclamaban la cantidad de 127 millones de euros, dicha cantidad es la que habría perdido la Administración local a causa del cierre de esta venta.

También durante el año 2016, Ciudadanos, PSOE y Ahora Madrid crearon una comisión de investigación a pesar de la negativa por parte del Partido Popular, que les acusó de llevar a cabo una “cacería” y los implicados se negaron a dar explicaciones.