La exhumación de los restos del dictador Franco deberá esperar, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteara como una de sus prioridades sacar a dictador del Valle de los Caídos. Sánchez prometió que la exhumación se haría tan pronto asumiese el cargo, sin embargo, sus planes se han visto obstaculizados por la oposición de la familia de difunto dictador entre otras dificultades jurídicas.
Aunque ha prometido realizar la exhumación en muy poco tiempo, el presidente del Gobierno español reconoció que el proceso no podrá ejecutarse de manera inmediata, no obstante, ha insistido en que será muy pronto.
Señaló que si han esperado 40 años, pueden esperar unos días más. Al parecer, la exhumación ha quedado pospuesta hasta después de las vacaciones.
La familia se opone
El Gobierno estimaba conseguir la autorización por parte de los familiares del dictador para proceder a sacar los restos del Valle de los Caídos, sin embargo, las conversaciones entabladas con los nietos de Franco fueron infructuosas. La familia Franco no solo no permitirán la exhumación de su abuelo, sino amenazan con acusar a Sánchez de profanador de tumbas, si se llega a materializarse la extracción y traslado de los restos. Además del rechazo de la familia, existen algunas dificultades jurídicas que han entorpecido el accionar del Gobierno.
El marco jurídico
En el mes de mayo del año 2017, el Congreso aprobó una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a desenterrar a Franco. Esta “proposición no de ley” se encontraba enmarcada en la ley de memoria histórica de y proponía la exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos.
Sin embargo, estas proposiciones carecen de efectos jurídicos y son consideradas como una especie de recomendación del Congreso. Por lo tanto, este acuerdo al no ser vinculante, no habilita al Gobierno para exhumar los restos de Franco, como lo esperaba Sánchez cuando realizó el anuncio de sacar al dictador del Valle de los Caídos de manera inmediata.
Una solución legal
Se prevé establecer una ley (con efectos jurídicos) que permita entonces proceder al desentierro del dictador. No obstante, esto es un largo proceso que pudiese ser sustituido por un decreto ley, siendo esta la vía por la que optó el gobierno de Sánchez. Para hacer efectivo un decreto ley, simplemente el Ejecutivo aprueba la norma y el Congreso la convalida. Esto debe ocurrir en un plazo no mayor de 30 días.
Se esperaba que el día de hoy en Consejo de Ministros se diese aprobación al decreto ley para adelantar la exhumación de los restos de Franco. Sin embargo, no ha sido así, ya que esa decisión implicaba convocar una sesión extraordinaria del Congreso durante el mes de agosto para ejecutar la convalidación. Por lo tanto, este proceso tendrá que esperar.
