116 migrantes saltaron la valla de Ceuta el pasado miércoles 22 de agosto. El Gobierno español ha tomado medidas previsoras tras lo ocurrido, entre ellas la expulsión de los extranjeros del país en 24 horas.
En el Consejo de Ministros, Carmen Calvo expresó que la mejor manera de entrar a España es de forma legal y cumpliendo con todos los requisitos para la ciudadanía. Además, el Ministerio Interior de España aseguró que no pedirá explicación alguna por los 116 migrantes que fueron entregados a las autoridades de Marruecos. A su vez, la experta en inmigración de la ONG Human, Judith Sunderland, expresó que tiene cierta preocupación en que Marruecos aplique de forma correcta los derechos humanos para los migrantes deportados.
Marruecos, blanco de numerosas denuncias alrededor de Europa
El acuerdo bilateral, impuesto por el Ministerio Interior español, indica que Marruecos debe enviar a todos los expulsados a sus estados de origen. Conjuntamente se adiciona que después de la entrega de los migrantes a las autoridades, el traslado debe realizarse lo antes posible y que ningún deportado llegue a sufrir algún maltrato durante o después del mismo.
Al tener en claro dicho acuerdo, el país marroquí ha sido protagonista de numerosas denuncias por parte de los activistas. Esto debido a las distintas redadas que llegan a ser muy violentas en los barrios de Nador y Tánger, cuyos lugares son el principal hogar de los migrantes que esperan llegar a Europa.
En consecuencia de los actos violentos que se evidencian en las fronteras de Marruecos, este se ha convertido en el centro de denuncias e investigaciones por la Unión Europea.
Razón por la cual los especialistas, abogados y analistas de la ONG aseguran que sí se cumple el acuerdo de devolución pero que se cuestiona totalmente las garantías y respetos de los derechos humanos pautados.
Pruebas del incumplimiento de los derechos humanos para los migrantes
Se calcula que el país de Marruecos ha trasladado cerca de 1.800 personas.
Algo que se certificó con las declaraciones de France Press. Un funcionario perteneciente de las autoridades de Tánger expresó que se desconocen el destino de las personas deportadas, a pesar que el acuerdo no incluye responsabilidad por parte del Estado Español.
Los tratados sobre los Derechos Humanos de España obligan a las autoridades a intervenir y hacer algo al respecto.
Debido a estas acciones, el abogado Hipólito Granero y el especialista en inmigración Francisco Solans están completamente de acuerdo. Asimismo, el Gobierno español y la ONG buscarán intervenir para que dichos derechos sean aplicados.
