El nuevo Gobierno izquierdista español parece estar comprometido con erradicar el machismo en la región, no solo en actos, sino también en palabras. Los partidos Podemos y PSOE han instado al Congreso de los Diputados a considerar la incorporación de lo que consideran “lenguaje inclusivo” en todos los textos jurídicos españoles.
Por su parte, Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad, anunció el día de ayer las intenciones que tiene el Gobierno de “incluir a las mujeres” en el lenguaje jurídico y constitucional que se maneja en las instituciones oficiales españolas.
Además, informó al público que le fue encargada la elaboración de un informe a la Real Academia Española para lograr una adecuación de la Carta Magna a un lenguaje que dote de visibilidad a las mujeres.
Los cambios sugeridos por el Gobierno
La vicepresidenta sostiene que la Constitución española de 1978 emplea un registro principalmente androcéntrico del lenguaje y que esto se debe principalmente a que fue redactada y aprobada hace cuarenta años. De acuerdo con su opinión, se requiere una modernización de la terminología empleada en la Carta Magna para llegar a un lenguaje que sea verdaderamente inclusivo y que esté de acuerdo con la igualdad de género.
El partido Podemos, que también ha iniciado sus propios movimientos para disminuir el “sexismo” en la lengua española, se ha sumado a la crítica del lenguaje jurídico español.
Según los portavoces del partido, es inaceptable que se use el género gramatical masculino en contextos no específicos o generales.
La respuesta de la RAE
El profesor Darío Villanueva Prieto, director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE, informó que, si bien recibió una llamada por parte de la Vicepresidencia en la que se le informó sobre las intenciones que tenía el Gobierno de encargar a la academia la redacción del informe anteriormente mencionado, aún no se ha hecho una solicitud formal ante el ente.
Sin embargo, la RAE está dispuesta a aceptar la solicitud y llevar a cabo el informe y los estudios pertinentes, ya que esas son algunas de sus funciones principales. Aún así, la RAE advirtió que es imposible transformar las realidades de la lengua basándose en intereses políticos. Ya la organización había descartado y criticado mociones e informes similares explicando que no se puede forzar el cambio de la lengua ni crear una distinción entre lenguaje oficial y lenguaje real.
