Los trámites para iniciar el acercamiento de los políticos catalanes a las cárceles de esta comunidad autónoma está en marcha y, según ha publicado El Periódico, se hará efectivo en diez días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista concedida a RTVE, manifestó su posición a favor de esta iniciativa después que hubiera finalizado la instrucción."Me parece razonable que una vez termine el proceso de instrucción, en el momento que el juez lo considere, Instituciones Penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas", recalcaba Sánchez.
En este sentido, precisaba que esta iniciativa "entre otras cosas" persigue que "estén cerca de sus familiares y, también, de los letrados". Así, sostenía que "efectivamente es derecho a la defensa también se tiene que ejercer y que materializar". Y, en ese sentido, sostenía que en el momento en que se considere "sustanciada la fase en la que están ahora mismo inmersos", el Gobierno de España podrá tomar "la decisión de trasladar a los presos a las cárceles cercanas a u domicilio".
En la misma línea, que el presidente del Gobierno se ha pronunciado el Ministro Interior, Fernando Grande-Marlaska, sosteniendo el mismo argumento que Sánchez respecto a la conclusión de la instrucción y aludiendo tanto a aspectos familiares así como aspectos jurídicos señalando que, de esas forma, estarían cerca de sus letrados para poder preparar su defensa.
El líder de Unidos-Podemos, Pablo Iglesias, defendió, asimismo, la idea del acercamiento de los políticos catalanes en el transcurso de un encuentro mantenido con el president de la Generalitat, Quim Torra.El líder de la formación morada reiteró el mismo argumento esgrimido por Marlaska y Sánchez en alusión a la posibilidad de que estos presos "estén cerca de sus familias" cuando se les traslade a cárceles de la comunidad autónoma de Cataluña.
Protocolo
El traslado de los políticos catalanes a cárceles de esa autonomía implica que la supervisión de su estancia en prisión pase de ser responsabilidad de Instituciones Penitenciarias a través de la Administración centra a depender del Servicio Penitenciario de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Catalana. Este protocolo no es una excepción aplicada a los líderes catalanes sino que es el habitual con presos que tienen vínculos con su comunidad autónoma de origen.
