El Gobierno dirigente de España, encabezado por Mariano Rajoy, anunció que va a solicitar al Tribunal Constitucional que declare la ilegalidad de lo decidido por Roger Torrent, flamante Presidente del Parlamento catalán, quien declaró este lunes a Carles Puigdemont como candidato a Presidente de Catalunya. Desde Madrid afirman que no es posible que una persona que se encuentra prófuga de la Justicia se presente como candidata a Presidente. Puigdemont se encuentra refugiado en Bruselas, y está acusado de los graves cargos de malversación de fondos, sedición y subversión, y enfrenta 30 años de prisión el momento que decida regresar a España.

Esto quiere decir que no podrá asistir a la Sesión de Investidura.

Soraya Saénz de Santamaría, Vicepresidente del Gobierno, no reconoce la legalidad de Torrent, Titular del Parlamento y miembro de Esquerra Republicana, para efectuar tal nombramiento. De hecho, sostuvo que "si él (refiriéndose a Torrent) propone un candidato capaz de llevar a cabo la investidura, no hay ningún problema. Espero que Torrent sea respetuoso con el Tribunal Constitucional, así como las decisiones que decidan tomar". Es así como el Poder Ejecutivo español ha iniciado los trámites para impedir que el político exiliado pueda llegar a convertirse Titular de la Generalitat en una sesión de investidura cuya fecha puede designarse el martes de la próxima semana para el 31 de enero, cuando vence el plazo.

Lo que está haciendo el Gobierno es utilizar todos los instrumentos de la Ley con el objetivo de que ésta se cumpla, y que de ésta forma se respeten los derechos de todos los ciudadanos" sostuvo la Vicepresidente.

Skype o no Skype, esa es la cuestión

Por otro lado, la original idea que tuvo Puigdemont de llevar a cabo la Investidura mediante una "sesión telemática vía Skype" sigue dando coletazos entre los políticos españoles, y generando dolor de cabeza a más de uno.

Es por eso que Saénz de Santamaría explicó que el Gobierno ha remitido una consulta al Consejo de Estado, para que redacte un informe acerca de "una serie de casos extremos", que dictamine si un candidato que no está presente físicamente puede o no realizar investidura sin su presencia. La orden de arresto que pesa en contra del político, así como su actual estatus jurídico son incompatibles con su presencia ante la asamblea parlamentaria española, hecho que debe llevar a cabo si desea, finalmente, convertirse en Presidente de los catalanes.

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