El 7 de diciembre del 2017, el juez federal de argentina Claudio Bonadío dictó prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un caso en el que se le acusa de traición a la patria. La recién electa senadora no fue la única en recibir dictamen de prisión, la mañana del mismo fueron encarcelados compañeros de gobierno de la expresidenta por la firma del Memorando con Irán, acuerdo que, de acuerdo a la investigación del fiscal Nisman, se habría firmado para encubrir el ataque terrorista contra AMIA.

Debido a su cargo como senadora, electa en las elecciones de medio término, recién juramentada y por incorporarse efectivamente a la cámara alta del Congreso, el juez solicitó al Senado que procese el desafuero y, que así, pueda hacerse efectiva la medida de prisión preventiva. ¿Cómo se realizará este proceso de desafuero? ¿Puede esperar el juez Bonadío la desincorporación de Cristina Fernández de la Cámara y su encarcelamiento?

¿Para qué existe la figura del desafuero?

Los altos funcionarios de Estado, como los magistrados de justicia, el presidente o los congresistas, poseen una suerte de “protección especial” que impiden que sean apresados por procesos penales si antes no son sometidos a juicio político o a un desafuero. En el caso particular de un senador o diputado, el fuero parlamentario impide que sean enjuiciados por opiniones emitidas o acciones realizadas en el marco de sus funciones parlamentarias.

Esta protección especial surgió para proteger a los parlamentarios de posibles represalias de la Corona por opiniones de controversia o incómodas.

En el caso argentino, los argentinos cuentan con esta protección constitucional consagrada especialmente en los artículos 68 y 69 de la Constitución. El artículo 69 establece que no es posible encarcelar a un congresista a menos que sea atrapado cometiendo un delito in fraganti.

Sin embargo, hay ocasiones en las que altos funcionarios sí han cometido un delito y, en pleno ejercicio de sus funciones, deben ser retirados de sus cargos y apresados. En el caso de los congresistas, entonces, se inicia un proceso de desafuero o de allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

La Ley 25.230, promulgada en el año 2000, establece que el desafuero debe cumplir el siguiente procedimiento: en primer lugar, la solicitud debe ser remitida por el juez a la Cámara respectiva con las pruebas que sustentan tal petición.

Una vez recibida, la cámara encarga a la Comisión de Asuntos Constitucionales que la evalúe y, a tal efecto, tendrá sesenta días para emitir un dictamen de recomendación; asimismo, la cámara tendrá que tratar el asunto dentro de los ciento ochenta días siguientes de recibir la solicitud (haya o no habido alguna recomendación de la comisión). Para ser aprobado, el desaforo necesita de dos tercios de los votos totales.

Acusada de encubrir un ataque terrorista

El 18 de julio de 1994 la explosión de un coche bomba conmocionó a Argentina y al mundo con el mayor atentado terrorista sufrido por el país. Dicho ataque fue dirigido a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y dejó un saldo de 85 muertos y unas 300 personas heridas. De acuerdo a la línea de investigación oficial, el principal sospechoso es Hezbolá, quien habría seguido órdenes del gobierno iraní. Hasta la fecha, se emitieron órdenes de captura internacionales de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés; no obstante, el caso sigue sin resolución o condena alguna.

En enero del 2013, el gobierno de Argentina, encabezado por Fernández, firmó un acuerdo con Irán en el que se trataba la delicada situación generada a raíz del ataque. En él, se incluía la intención de constituir una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo sería agilizar la investigación. Aunque el acuerdo generó el rechazo de diversos sectores políticos y sociales, fue aprobado por el Congreso argentino, tal como se disponía en el texto del Memorando, y recién cuando Mauricio Macri llegó a la Presidencia fue revocado.

Dos años después de la firma del Memorando, en enero del 2015, el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, acusó a la expresidenta y a otros funcionarios de su gobierno de haber pactado con el gobierno iraní para “organizar la impunidad” de los autores del atentado. Cuatro días después de haber hecho la acusación, Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza en el baño de su apartamento; en un principio, la investigación manejó las hipótesis de suicidio, suicidio inducido u homicidio. En febrero de ese mismo año, la acusación fue rechazada por el juez Daniel Rafecas.

Ese no fue el fin de la causa, no obstante. Con el cambio de gobierno se abrieron una serie de causas contra Cristina Fernández, la mayoría a cargo del juez federal Claudio Bonadío y prácticamente todos están relacionados a casos de corrupción; entre los que lleva Bonadío, está el del “dólar futuro”, por el cual se la acusa de haber ordenado la venta de dólares a un precio menor que el del mercado, causándole una pérdida de 54 mil millones de dólares al Estado argentino, y el caso de “Los Sauces”, por el que fue procesada como “jefa” de una asociación ilícita y por fraude.

El hecho de que existan investigaciones en curso sobre algún funcionario público no debería generar sospechas de persecución; sin embargo, también surgen dudas en la administración de justicia cuando investigamos el perfil del juez Claudio Bonadío, a quien retiraron del caso AMIA en 2005 al acusarlo de falta de imparcialidad.

Bonadío un juez cuestionado: “Se maneja como un comisario”

El juez Claudio Bonadío ha estado rodeado por situaciones irregulares desde su nombramiento. A principios de la década de 1990 se amplió el número de juzgados federales de seis a doce, por lo que tuvieron que ser nombrados nuevos jueces para ocupar los nuevos cargos. En este contexto, el gobierno de Menem logró nombrar jueces externos a los cuadros de la carrera judicial y cercanos a su línea de gobierno, entre los cuales estuvo Claudio Bonadío, ex-secretario de Legal y Técnica de la Presidencia

En lo referido al caso AMIA, en noviembre del año 2005, tres jueces de la Cámara del Crimen lo expulsaron acusándolo de retardar procesos de investigación para favorecer a antiguos jefes y a funcionarios del gobierno de Menem, investigados por presuntamente haber colaborado en encubrir el atentado. Los jueces dijeron que hubo una estrecha relación de trabajo entre Bonadío y funcionarios luego de que éste desempeñara el cargo de Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de Menem, por lo que debió haberse separado de la causa de manera voluntaria desde un principio.

Bonadío es el segundo juez más denunciado después del juez Norberto Oyarbide. A lo largo de su carrera, ha acumulado 51 denuncias ante el Consejo de la Magistratura, la mayoría de las cuales ha sido desestimada. Entre las causas que seguían abiertas contra el juez en 2014, se encontraban denuncias por demorar y “encajonar” investigaciones en el caso de la curtiembre Yoma para favorecer a antiguos compañeros. De igual manera, en 2004, la Oficina Anticorrupción lo denunció por “incumplimiento de deberes y tráfico de influencias” por haber manejado una investigación de manera tal que favoreciera al ex-director del PAMI.

¿Le aguarda la cárcel a Cristina Fernández?

El mismo 7 de diciembre el Senado recibió la solicitud formal del desafuero de la senadora por la provincia de Buenos Aires, ¿le espera ahora la cárcel a Cristina Fernández? En principio, debemos concluir que no. No solo no hay constituida una Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado todavía, sino que la solicitud tendrá que esperar hasta, por lo menos, marzo del 2018 para ser tratada. Sumado a lo anterior, las fuerzas políticas del gobierno (que esperaríamos apoyen de manera automática la petición de desafuero) no cuentan con los votos necesarios para aprobarlo, por lo que tendrían que recurrir a otros partidos, que ya declararon la negativa de apoyar la solicitud.

Podríamos pensar que la petición del juez responde a una convicción moral y ética profunda, impulsado por cierto sentido de obligación cívica, aunque prevea la posibilidad de que el desafuero, finalmente, no sea aprobado. Sin embargo, una causa teñida de tantas implicaciones políticas, debido al alto perfil del personaje, no puede ser interpretada con tanta inocencia. Por lo que la verdadera pregunta acerca de esta solicitud gira en torno a ¿por qué ocurre ahora y no el año entrante, o antes, por qué aun cuando es probable que no se apruebe? Es la pregunta a la que debemos buscarle respuesta ahora.

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