El Gobierno sigue trabajando en los últimos detalles de esta nueva y polémica medida que se pretende poner en marcha cuanto antes debido a los socios del PSOE en el gobierno, Unidas Podemos. Esta medida será aprobada como es previsible la semana que viene en un Consejo de Ministros.

Los detalles que ya se saben

Entre los detalles que ya se saben, podemos destacar que ya existe un acuerdo entre los miembros del Gobierno sobre la cuantía mínima que compondrá esta nueva prestación y esa cantidad es de un mínimo de 462 euros por persona, llegando a un máximo de hasta 1.015 euros por unidad doméstica.

Además, recibir esta ayuda no tendrá relación la búsqueda de empleo, por lo que esta medida podría incentivar a que haya personas que prefieran quedarse en casa percibiendo esa ayuda antes que generar ingresos para ellos mismos y para el conjunto del Estado mediante la actividad productiva. También se ha decidido que a la hora de elaborar el cálculo del patrimonio para poder acceder a esa ayuda no se tendrá en cuenta la primera vivienda.

Previsiblemente esta ayuda será gestionada desde el Ministerio de la Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá, un economista respetado que ya trabajó anteriormente para el Gobierno del Partido Popular. Previsiblemente, la Seguridad Social podrá llegar a convenios con ayuntamientos y autonomías para el reparto de esta prestación.

Repercusión económica de la medida

Esta medida forma parte del acuerdo de Gobierno alcanzado entre la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Esta medida lanzada desde la vicepresidencia de asuntos sociales que es dirigida por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias es una de las exigencias clásicas de su partido al igual que una de las críticas clásicas por parte de los economistas debido a sus impactos negativos sobre la economía nacional.

Este ingreso que no exigirá la búsqueda activa de empleo y que además se pretende hacer por un tiempo ilimitado, supondrá un enorme gasto económico en medio de la que se prevé como la mayor crisis económica nacional en décadas. Para el gasto que se pretende hacer, se deberá o bien hacer recortes en algunos servicios que ofrece el Estado como sanidad o educación, o bien una subida de impuestos a la gente que sí trabaja, lo que supondrá un descenso del poder adquisitivo de los trabajadores que gastarán menos dinero en actividades cotidianas como ir a lugares de ocio y por tanto perjudicará también al ya castigado sector de la hostelería a causa del Coronavirus.

Ello supondrá también una menor recaudación del Estado mediante impuestos como el IVA.

Además, ante esta situación, habrá personas o familias a las que les saldrá más rentable el hecho de estar en casa y cobrar esa ayuda antes que ir a trabajar, por lo que la actividad productiva del país y su capacidad de exportación descenderán considerablemente como ya se está viendo en el sector agrario. Este panorama de crisis dibujado tanto por el coronavirus, por el desempleo y por la situación que generará la renta mínima hará descender la inversión tanto externa como interna en España provocando además que ante la subida de impuestos que se avecina, haya quien prefiera trasladar su patrimonio fuera de nuestras fronteras.

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