El ingreso mínimo vital es una medida que ayudará a paliar la situación económica de las familias más desfavorecidas de este país. La medida, polémica por parte de quienes la tildan de "paguita" es sin embargo, algo que en los países europeos se lleva haciendo desde hace muchos años. Tanto es así que el Consejo de la UE, en 2018 ya recomendaba a España “mejorar el apoyo a las familias e intensificar la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades de acceso a los sistemas autonómicos”.
Y es que España es un lugar donde existe una enorme diferencia entre las rentas de sus ciudadanos, ampliadas hasta lo increíble desde la crisis financiera del 2008 que, gestionada con estrictas medidas de recortes, ha propiciado que los trabajadores, pese a estar en activo, sigan sumidos en el umbral de la pobreza severa, encadenando contratos precarios, con un futuro poco halagüeño y sin demasiada seguridad.
El pasado viernes se aprobó el polémico Ingreso Mínimo Vital en un Consejo de Ministros extraordinario
Casi todos los países de la UE tienen este ingreso mínimo vital aunque aplicado de distinta manera y con distinta incidencia. En todos, eso sí, el ingreso mínimo vital es utilizado como una medida de apoyo que garantiza la subsistencia de los ciudadanos con menos ingresos, limitando de esa forma, el umbral de la pobreza que en España se sitúa en 8.871€ para hogares monoparentales y en donde se puede incluir a un 21'5% de nuestra población.
Desde la crisis financiera del 2008, esta brecha entre economías familiares no ha hecho más que aumentar hasta tener el dudoso honor de ser el país europeo con mayor diferencia entre la renta media de sus ciudadanos.
En todos los países europeos, con este ingreso, se condiciona el cobro a la búsqueda activa de empleo, convirtiendo en ingreso mínimo vital en un incentivo para seguir adelante, para no renunciar a las metas personales y no perder el tren del empleo, pudiendo reorganizar su plan vital o su reciclaje profesional durante el tiempo que se pueda estar cobrando el ingreso.
Esta medida podrá llegar a 850.000 hogares y ayudar a 1,6 millones de ciudadanos
En Alemania, Francia, Malta y en el modelo que ha adoptado España el requisito fundamental de las personas que lo soliciten es ser españoles o residentes con permiso y mayores de edad. En otros países como Portugal es indispensable un año mínimo de residencia y en los más estrictos, como Luxemburgo, Dinamarca o Italia, se exigen unos plazos de residencia para el ingreso mínimo vital que varían de cinco a diez años de residencia en el país.
La duración también varía: puede ir desde los tres meses como en Eslovenia a los doce meses de Portugal o los dieciocho de Italia.
La cuantía también parece estar relacionada con el nivel económico de cada país. En Dinamarca este ingreso mínimo vital puede llegar a alcanzar hasta los 2.035€ para personas desempleadas menores de 30 años y con hijos menores a su cargo. En Italia se llega a los 780€, en Alemania a los 726€, en Portugal a los 300€ y en Francia el cobro mínimo es de 550€
Según el INE un 21'5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza
La legislación española permitirá compatibilizar este ingreso mínimo vital con el trabajo para lograr que eso sea un incentivo y una ayuda. En ocasiones esta renta funcionará como una especie de "complemento" salarial para personas con trabajos precarios que, pese a disponer de un salario mensual, no llegan ni de lejos, a fin de mes.
Liliana Marcos, desde la ONG Intermón Oxfam señala: “Es un gran paso hacia adelante. Significa empezar a devolverle la deuda adquirida a las familias en situación de pobreza por parte de un Estado que no las ha tenido en cuenta, que ha tenido una política social regresiva durante años, en el que más recibe el que más tiene y menos recibe el que menos tiene”.
Y es que pese a la reticencia de algunos partidos políticos y de muchas personas que critican esta medida, en realidad era una anomalía en un sistema democrático en donde se pretende proteger a los más vulnerables y dar cobertura a familias en situaciones extremas para ayudar a tener una vida más digna y plena, algo que es de justicia en un país que pretende ser maduro y avanzado.
