La crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela ha hecho que un gran número de los habitantes dejen sus hogares para hacer una nueva vida en cualquier otro país del mundo. Debido a la facilidad en que es posible abrir un caso de asilo en algún centro de Extranjería y Fronteras, España es uno de los destinos más concurridos de Europa para los venezolanos que quieren salir del caos que viven en su país, liderando así el número de solicitudes de asilo, pero hacer la solicitud de este trámite es apenas el comienzo de un duro y largo camino que, sin duda, ha hecho que hasta el inmigrante profesional más capacitado lo piense dos veces antes de tomarse una aventura de tal magnitud ante el sistema migratorio que ha ofrecido el Gobierno español a los extranjeros.

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Proceso extenso y tedioso

A pesar de la rápida disposición de obtener una cita en la Comisaria de Extranjería, se tiene que esperar a pasar por un proceso de chequeo interno donde piden datos personales del solicitante, en este primer paso la Policía entregará una hoja con información específica de la persona que solicitó dicho documento el cual no podrá ser deportado y tendrá que esperar unas semanas antes que este caduque para hacer una cita vía online en la página oficial de Extranjería de la comunidad correspondiente.

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Este procedimiento se repite para el segundo documento de identificación que es cambiado por una tarjeta roja que de ninguna manera te da permiso para trabajar en España, sino hasta los seis meses de su vencimiento en el que te entreguen un tercer cartón de color rojo que especifica permiso para trabajar de forma legal en el país.

Contradicciones en la ley

Las leyes españolas no son nada flexibles con respecto al trabajo ilegal en el país, para la mayoría de los inmigrantes es casi imposible mantenerse económicamente durante nueve meses sin ningún tipo de ingreso al bolsillo, esto conlleva que busquen la manera de sustentarse para no quedar en la calle, laborando ilegalmente por un pago que está por debajo al mínimo establecido y que a duras penas alcanza para abastecer los gastos básicos personales, corriendo el riesgo de multas por un gran monto de dinero, tanto al empleador como el empleado.

El Gobierno ha tomado algunas medidas donde supuestamente se les ha concedido el permiso de residencia por razones humanitarias a 400 venezolanos y, de esta forma, poder remediar el asunto de las denegaciones de asilo político, pero no se ha sabido nada más de ello luego de su anuncio oficial, dejando a muchos en un limbo que en efecto es preocupante para la sociedad extranjera y para la comunidad venezolana que se radica en el país encontrándose en un callejón sin salida.

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