El Supremo Tribunal de Justicia aprobó una petición del Gobierno para solicitar la extradición de la ex procuradora general venezolana Luisa Marvélia Ortega Díaz y del ex presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Rafael Ramírez.

En un comunicado, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), explica que la ex fiscal general está radicada en Colombia y que es acusada por las autoridades venezolanas de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación para cometer delito.

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Por otro lado, el ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, está radicado en España y es acusado de los delitos de "peculato doloso propio, evasión de procedimiento de licitación y asociación" para cometer delito. Según el STJ, además, se pedirá la extradición de Zair Manuel Mundaray Rodríguez que también está en Colombia.

Los detenidos, según el STJ, van a tener todas las garantías constitucionales y procesales consagradas en la Constitución de Venezuela.

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Tampoco serán condenados a la pena de muerte, ni a cadena perpetua, ni a más de 30 años de prisión.

La ex procuradora Luisa Ortega Díaz fue destituida del cargo a 5 de agosto de 2017 por la Asamblea Constituyente (compuesta únicamente por simpatizantes del régimen), tras denunciar como ilegales dos sentencias del STJ venezolano: una a limitar la inmunidad parlamentaria y la segunda en que el STJ asumía las funciones del parlamento, en el que la oposición detiene la mayoría desde las elecciones de enero de 2016.

Ex-fiscal ha acusado a Nicolás Maduro de violar los derechos humanos

La ex procuradora general promovió los documentos que usó el Supremo Tribunal de Justicia en el Exilio (STJE, compuesto por 33 magistrados que fueron nombrados en julio de 2017 por la Asamblea Nacional de Venezuela, donde la oposición tiene la mayoría) para condenar, el miércoles, al presidente Nicolás Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por crímenes de corrupción y blanqueo de capitales vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

El ex presidente de PDVSA y también ex embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, está siendo investigado por supuesta corrupción y vínculos con un banco de Andorra, por sospechosa según el gobierno venezolano, de poner en riesgo la solvencia de la petrolera venezolana.

En 2017, el Ministerio Público (MP) venezolano acusó a Rafael Ramírez y su primo, Diego Salazar, de blanqueo de capitales y tráfico de influencias con fines de corrupción en PDVSA y en la entrega de divisas (en dólares) a precios preferenciales a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

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