La promulgación de la ley donde se prohibirá la entrega de bolsas plásticas en los comercios y tiendas ha reactivado el debate sobre la generación de residuos en el territorio chileno. También abrió la discusión sobre la necesidad de avanzar en la implementación de leyes y normativas que propicien la materialización de la ley de fomento al reciclaje, la cual fue aprobada en el año 2016.

Una Ley necesaria

Gracias al consenso de los legisladores, la norma fue convertida en un marco jurídico integral con la premura que amerita el caso. El propósito principal de la ley es reducir en lo posible la generación de residuos; asimismo, busca incentivar la innovación en cuanto al uso de material potencialmente reciclable y transferir a los productores e importadores de productos que puedan transformarse en desechos, los costes de recolección y su valorización.

Los nuevos instrumentos de gestión en materia de desechos, permiten reducir el error que pueden producirse al legislar según tipo específico de desecho, y ofrecer incentivos que favorezcan el reciclaje de los residuos generados.

Se requiere mantener el sentido de urgencia en relación a las actividades de reciclaje, a fin de desarrollar nuevos emprendimientos en materia ecológica y evitar los riesgos e impactos ambientales, ahorrando una cantidad importante de recursos a las municipalidades.

Un amplio despliegue normativo

Es necesario además implementar un amplio despliegue normativo donde se promueva el diseño de productos que consuman menos materias primas, que generen menos desechos y que a su vez puedan ser reciclados con facilidad.

También se sugiere el etiquetado de los productos, de tal manera que le permita al consumidor distinguir los productos ecológicos.

Asimismo, el uso de “depósito” y reembolso sería una excelente alternativa de incentivo, que permitiría recolectar y valorizar muchos residuos que se generan en grandes volúmenes. Este tipo de desechos pueden observarse con frecuencia en vertederos ilegales a cielo abierto.

Esta medida podría potenciar de manera significativa el reciclaje de los desechos sólidos que se generan en los hogares.

Un caso particular para el análisis corresponde a la creación de la responsabilidad del generador de los desechos. La ley define cuales son los residuos regulados, entre los que se cuentan: las pilas y baterías, aceites y lubricantes, neumáticos y aparatos eléctricos, entre algunos otros.

Para este rubro, aún se espera cuáles serán las metas de recolección y su valorización.

Este nuevo marco legal promueve un sistema que genera “empleos verdes”, innovación y ahorro de energía y materias primas. Al menos 60 mil personas que laboran como recicladores de manera informal, deberán integrarse al nuevo sistema de gestión de los desechos sólidos. Esto permitirá la recolección sistemática de los desechos reutilizables y valorizables. Con esto se garantizará la generación de empleos formales y estables, reduciendo además la carga municipal por la gestión de los desechos domiciliarios.