Anis Amri, el terrorista que condujo un camión contra un mercado navideño en Berlín en diciembre del año pasado, y que fue abatido en Milán poco después sigue causando polémica.

El refugiado de origen tunecino estaba oficialmente registrado en Cleve, en la provincia Renania de Norte-Westfalia. Al mismo tiempo, había solicitado asilo en varios otros municipios. En total usaba hasta 14 identidades, informó el jefe de la brigada de investigación criminal del estado federado.

Su solicitud de asilo había sido rechazada, pero no había sido posible expulsarlo porque los documentos necesarios de la parte tunecina no se transmitieron hasta el 21 de diciembre.

Desde febrero de 2016, Amri había sido categorizado como potencialmente peligroso. Las autoridades nacionales responsables obviamente estaban al tanto de él. Sin embargo, va contra el principio del Estado de Derecho detener a alguien como una medida preventiva, y hechos hasta entonces no había.

En la primavera de 2016, la brigada de investigación criminal recibió información que mantenía que Amri, de 24 años, había intentado convencer a otros a organizar atentados junto con él.

Aparentemente, también había buscado instrucciones sobre cómo construir una bomba en internet, y había intentado adquirir armas automáticas de gran calibre.

En julio de 2016 se supo que Amri había presumido de querer montar un verdadero baño de sangre. A pesar de que era conocido como miembro de un grupo islamista en Renania de Norte-Westfalia, contra él no se tomaron medidas más duras, porque no fue considerado un líder, sino más bien un pequeño criminal. Durante una temporada fue observado en Berlín, donde residía desde 2016, se escuchaba su teléfono, le seguían, pero nunca se encontraron pruebas de que Amro realmente tenía previsto organizar un atentado.

A la impresión confusa del tunecino contribuyó el hecho que a menudo estaba involucrado en problemas de drogas, peleas y en los juegos de azar.

A pesar de que aparecía en los puntos de encuentro islamistas, no llamaba la atención como un fanático religioso.

"El atentado debe tener consecuencias jurídicas para mejorar la seguridad interior", así manifestaba el ministro de interiores de la provincia de Renania de Norte-Westfalia, Ralf Jäger. "Las barreras legales deben ser bajadas, para que en el futuro, las personas categorizadas como potencialmente peligrosas que no tienen perspectivas de quedarse en Alemania puedan se detenidas más fácilmente." "Es importante debatir sobre cómo alcanzar más seguridad con medios legales, propios del Estado de Derecho.