Las desencuentros entre Cataluña y el Gobierno Central están lejos de acabar. Hoy el Govern de Carles Puigdemont informó al Ministerio de Hacienda español que no enviará más los informes semanales de los gastos que realiza la Generalitat con los dineros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Controles a Cataluña
En julio pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy optó por fijar controles especiales sobre las cuentas catalanas con el fin de evitar que el referéndum por la independencia de Cataluña sea financiado con dineros públicos. Desde entonces, Hacienda recibía un detalle semanal de las facturas de la región.
Frente a esto, el conseller catalán de Economía, Oriol Junqueras, explicó, a través de una carta enviada al jefe de las finanzas públicas, Cristóbal Montoro, que este trámite fiscalizador es considerado un “control político” y alejado de los objetivos de “estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”.
“Por esta razón, el Gobierno de la Generalitat ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual se exime y dispensa a los responsables pertinentes la remisión de la información requerida”, dijo Junqueras en la misiva fechada el 13 de septiembre. Y agregó que sólo se entregará los habituales informes mensuales. Planteó además el compromiso del Govern con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera “se mantiene inalterable” y que continuará colaborando con Hacienda.
Las cuentas de la Generalitat
En 2012, el Estado dio inicio a los mecanismos de financiación para las regiones. Desde entonces, la Generalitat ha recibido de Hacienda unos 67 mil millones de euros.
De incumplir los controles, significaría que Hacienda se tendría que hacer cargo del pago a proveedores y servicio públicos de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico.
No obstante, hasta el momento, se estima que Cataluña ha pagado 23 mil millones a proveedores.
Al cierre de 2016, de todas las comunidades, Cataluña mantenía el mayor nivel de deuda pública entre todas las comunidades, con más de 75 mil millones de euros, un 35,4% del su Producto Interno Bruto (PIB). A fines de agosto, el propio ministro Montoro aseguró —basándose en los informes semanales— que la Generalitat no ha gastado recurso público hasta ese momento para el 1-O.
Conflicto hace peligrar a España
Los continuos choques entre Cataluña y el gobierno central han puesto en la cuerda floja la clasificación de solvencia de España. Es así, como en las próximas semanas se sabrá si el país recupera la nota “A” por primera vez desde 2012. La agencia clasificadora Standard & Poor’s lo decidirá dos días antes del referéndum y Moody’s, el próximo 20 de octubre.
