Se acerca el 1 de octubre y se tensionan todavía más las relaciones entre Cataluña y el Gobierno Central. Cuando el reloj marcaba las 8:00 , la guardia civil registraba a varias sedes de la Generalitat (consejerías y departamentos), en busca de indicios que acrediten el uso de fondos públicos en la organización del referéndum ilegal del 1-O.
En el operativo —que suma al menos 22 registros— se han detenido 14 personas de altos cargos de la Generalitat. Entre ellas, Josep Maria Jové, secretario general de Economía —el hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras—; Josep Maria Salvado y Juan Manuel Gómez (Economía y Hacienda), David Palacad (Exteriores), Xavier Puig (Asuntos Sociales), Josue Sallent y David Franco (Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), y Francesc Sutrias, director general de Patrimonio.
A ellos se sumaron Pau Furriol y Mercedes M. Martos vinculados al hallazgo de entre nueve y 10 millones de papeletas de voto en la nave de una imprenta en la zona de Bigues i Riells.
Rajoy: “Es una operación que se ha hecho por decisión del juez”
Por su parte, el Ministerio del Interior de España defendió el dispositivo, ordenado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Mientras el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo durante una sesión en el Congreso de los Diputados: “Es una operación que se ha hecho por decisión del juez”.
La redada continuó en las oficinas de la Dirección General de Atención Ciudadana, Agencia Tributaria de la Zona Franca, el Instituto Catalán de Finanzas, el Centre de Estudios Autonómicos, el Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña, la Fundación Punt Cat y la empresa T-Systems.
Puigdemont: “El Estado español ha aplicado un estado de excepción”
Frente a lo ocurrido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó a un gabinete de crisis con Oriol Junqueras, y el consejero de la Presidencia, Jordi Turull. A la reunión también asistió la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quien aseguró que la situación en Cataluña “es muy grave”.
Puigdemont, en tanto, se manifestó con un video en Instagram acompañado del mensaje: “¡Firmes y decididos!#1Oct”. Sin embargo, horas más tardes, en un discurso institucional fue enfático en señalar: “El Estado español ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción (…) El gobierno español ha ultrapasado la línea roja y se ha convertido en una vergüenza democrática”.
Y agregó: “Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro”.
El hecho se produce un día después de que la Guardia Civil registrara la sede de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa, donde requisó 45.000 notificaciones preparadas para ser despachadas a los ciudadanos designados como presidentes, vocales y suplentes de las mesas electorales. La operación incluyó oficinas de Unipost en Terrassa, Barcelona y L’Hospitalet.
Según informaciones, hasta el momento, la Guardia Civil ha requisado 1,5 millones de carteles, folletos y dípticos en propaganda proindependentista y ha bloqueado 32 sitios web.
