El panorama nacional se torna mucho más complejo ante la noticia de que Carles Puigdemont no acudirá al Senado, ni el jueves ni el viernes, como estaba programado, para exponer sus alegaciones contra la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña. Este anuncio lo dio Carme Forcadell, presidenta del Parlament.

Luego de largas sesiones en las que asistieron Puigdemont y los responsables de PDECat, ERC y las entidades del movimiento independentista, teniendo como sede el Palacio de la Generalitat, la presidenta del Parlament indicó que habría un atraso del pleno del jueves, de 10.00 a.m.

se pasa para la tarde; cuestión que ha causado el rechazo de los portavoces.

Esta reacción se justifica claramente, pues ya desde las propias filas parlamentarias del PDECat se anunciaba que Puigdemont asistiría para esa fecha a la comisión de la Cámara Alta por solicitud Josep Lluís Cleries, uno de los portavoces del órgano del poder legislativo.

Sumado a esto, ha habido muchas cuestiones arbitrarias: Forcadell ha modificado el orden del día del Pleno en el Parlament; rechaza por cuarta vez explicar el proceso separatista en Madrid; y se mantiene en incógnita cuál será su respuesta a la aplicación del 155.

Las filas nacionalistas se perfilan hacia el adelanto de las elecciones, aunque temen la influencia del presidente catalán hacia un voto por la declaración unilateral de independencia.

Los presidentes opinan

El presidente de la Generalidad de Cataluña desde 2016 ha recibido un llamado de Cristina Cifuentes (Madrid),Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia) para que vuelva a la legalidad. Esta petición fue acompañada de la firma de una alianza entre estas comunidades con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social.

Núñez Feijóo insiste en el hecho de que Carles Puigdemont debe decidir "si quiere moverse en la Constitución o en el Código Penal", pero que no es justo "jugar con la soberanía"; mientras Juan Vicente Herrera pone en duda que deba desactivarse el artículo 155 y resalta que Puigdemont "se ha instalado en el golpe de estado permanente".

Cristina Cifuentes, uniéndose a sus colegas ha expresado: "[Puigdemont y su gobierno] Están deslegitimados, se encuentran fuera de la ley y no tienen capacidad para convocar elecciones".

La pregunta

Hay una interrogante que prevalece y tiene que ver con la posibilidad de que exista una convocatoria a elecciones: ¿En qué contexto se haría valer el resultado del referéndum?