En mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores de Santander viajaban en dirección a Pechina (Almería) a celebrar la comunión del hermano de uno de ellos, cuando fueron detenidos por la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Fueron apuntados por pistola y llevados a un cuartel abandonado en Cabo de Gata. La familia no supo nada de ellos hasta que sus cuerpos fueron encontrados calcinados en el auto. Estos presentaban signos de haber sufrido mutilaciones y disparos.
Los chicos habían sido confundidos por unos terroristas que habían sido buscados por colocar una bomba en el coche que transportaba al teniente general Joaquín Valenzuela que culminó con el fallecimiento de sus acompañantes y varios civiles.
Este 10 de mayo se cumplen 40 años de los hechos y las familias siguen exigiendo que se haga justicia.
Francisco, el hermano de una de las víctimas, Juan Mañas, que tenía ocho años cuando ocurrieron los hechos, pidió que aparecieran su hermano y sus amigos el día de su comunión. Ahora, varios años después, ha solicitado al Parlamento Andaluz que se reconozca a los jóvenes como víctimas del terrorismo pero hasta ahora PP y PSOE han denegado el reconocimiento.
Solo tres de los once implicados fueron condenados
Las únicas personas que fueron juzgadas por los delitos fueron el teniente coronel Carlos Castillo Quero, jefe del operativo, el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas.
Recibieron respectivamente 24, 15 y 8 años de cárcel solamente por homicidio y los otros 8 implicados quedaron absueltos. Tardaron alrededor de dos años y medio desde que se dictó sentencia firme en empezar a cumplir la pena en una prisión ordinaria.
Ante esta condena la familia se sintió abandonada y no pueden sentir más que impotencia pues aparte de una condena corta, el resto de los implicados no fueron llevados ante la justicia.
Los medios de comunicación mantuvieron el caso a flote
Antonio Torres, periodista de la época, contó que gracias a la participación de los medios de comunicación el caso se mantuvo vivo y que constantemente recibía llamadas y cartas dando información sobre el caso. Torres fue uno de los primeros en darse cuenta de que la versión de la policía no encajaba con los hechos, pues ellos afirmaban que los jóvenes habían atacado al chofer y saltado del coche.
Él junto con otros trabajadores de El País y el Diario 16 denunció toda la información que se estaba ocultando y evitaron que el caso se archivara.
Darío Fernández, abogado del caso Almería
Darío Fernández, el abogado de las familias, fue una pieza fundamental en el caso, ya que gracias a su trabajo se logró enjuiciar a tres de los once implicados. Denunció sin descanso que las víctimas habían sufrido tortura, aun cuando el juez del caso se negó a realizar pruebas para comprobar esto.
El abogado también sufrió una persecución que lo obligo a mudarse y no revelar la ubicación de su nueva casa. En una ocasión un vecino lo alertó de que su coche había sido alterado por unos encapuchados y tuvieron que solicitar ayuda al equipo de artificieros. Todo esto hizo que se retirara se su oficio con apenas 55 años. El 'Caso Almería' sigue todavía sin resolver.
