Los hosteleros están integrados en uno de los sectores que peor parado está saliendo de la pandemia de la COVID-19, debido a las duras restricciones que tienen sus empresarios y a las limitaciones de horarios y movilidad de los ciudadanos para viajar de una comunidad autónoma a otra.
Estos efectos en sus economías han llevado a que el sector haya puesto una demanda al Gobierno que preside Pedro Sánchez. Se trata de una rebelión por parte de los hosteleros españoles que cuentan con el apoyo muy significativo de algunos de los chefs más renombrados en el ámbito gastronómico.
Casos concretos son los de los cocineros Elena Arzak y Mario Sandoval, entre algunos de los más relevantes. Al igual que otros compañeros del sector, se han integrado en la plataforma "La hostelería de todos", que será la que se encargue de llevar a cabo las actuaciones en contra del ejecutivo por las pérdidas que han sufrido en bares y restaurantes de toda España a consecuencia de las medidas implantadas desde las diversas administraciones del Estado.
Los hosteleros abren un frente judicial contra el Gobierno
Desde la plataforma, los hosteleros insisten con mucha rotundidad en que no son el foco de contagio del virus; por el contrario, las restricciones en el sector se deben a una serie de medidas arbitrarias que “nos están perjudicando en nuestros intereses”.
Ante este escenario, han optado por abrir un nuevo frente al gobierno español y aprovechando el tirón mediático que aportan algunos de los chefs más conocidos a nivel internacional.
Optar por abrir la vía legal
La idea de esta plataforma de hosteleros es ir acumulando todas las demandas que se están canalizando a nivel individual, para una vez recogidas, presentar una única causa ante el Tribunal Supremo.
En la demanda también se han incorporado otros relevantes cocineros, como por ejemplo Begoña Fraire, Pepa Muñoz, Juan José López e Iñaki López de Viñaspre, representantes de algunos de los restaurantes más afamados de la geografía de España, opinando que se está viviendo en el sector una situación muy dura y por tanto han optado por abrir la vía legal.
85.000 establecimientos menos en 2020
Después de muchos meses con restricciones en sus negocios, los hosteleros han decidido dar un paso al frente para defender sus intereses. Hasta el punto de que van a reclamar, tanto a la administración central como a las autonómicas, una indemnización que superaría los 65 millones de euros.
Un cálculo que se ha realizado en función de las pérdidas que han generado a causa de las medidas restrictivas por parte de las diferentes administraciones del país. De todas formas, los datos del sector apuntan a que han desaparecido cerca de 85.000 establecimientos al cierre del pasado año.
