Tras una repentina tramitación la ley que despenaliza y regula la eutanasia en España ha sido aprobada para que sea debatida la semana que viene con la proyección de su entrada en vigor en febrero de 2021, convirtiéndose así la 'ayuda a morir' en un derecho, tras la alta demanda social que se ha expresado mediante las encuestas. Dicha solicitud previa y explícitamente pedida por el paciente podrá ser practicada dentro del sistema sanitario público o en el domicilio particular del paciente. Es la tercera vez que desde el gobierno se intenta tramitar esta propuesta que ha sido anteriormente obstaculizada por Ciudadanos y PP, que ha vuelto a mostrar su oposición a la medida junto a Vox.
Detalles del proyecto de Ley
Según María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la medida deberá ser revisada por dos equipos médicos independientes y únicamente aplicable en caso de un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” o enfermedad incurable. Se contempla que el medicamento indoloro sea aplicado en el plazo de un mes tras la revisión y aprobación por el organismo correspondiente de la comunidad autónoma en concreto por el mismo equipo médico o por el propio paciente de estar capacitado para suministrárselo a sí mismo. La petición deberá ser solicitada por escrito, fechado y firmado por la persona solicitante y en caso de encontrarse impedido para ello físicamente deberá expresar su consentimiento explícito a través de una persona en completa potestad de sus facultades que firmará en su presencia, tras lo que el médico evaluará si realmente la petición es totalmente voluntaria.
Consenso mayoritario en el Congreso
El texto final del proyecto de ley que no ha sufrido grandes cambios desde su primera enmienda, ha contado con gran apoyo mayoritario de los representantes políticos a excepción de Partido Popular y Vox. María Luisa Carcedo ha señalado que ''No es para el que quiere vivir, es para aquel que considera que el dolor le resulta insoportable''.
Además no podrá pedirse por nadie más que no sea el mismo paciente y no podrá asociarse a grupos sociales concretos como el caso de las personas con discapacidad.
Según ha defendido el diputado del PDECat Sergi Miquel, la aprobación de esta medida no obliga a practicar la eutanasia, sino que es un garante para quienes deseen solicitar la ayuda médica para morir , suponiendo un avance en el ensanche de derechos de nuestro país y un garante de protección para los profesionales sanitarios que intervengan en el acto. Por otra parte, desde la oposición, Vox califica el procedimiento como “asesinato” de las personas que el Estado “no considera útiles”.
