La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó las medidas y parámetros que se tendrán que tomar en cuenta para la vuelta a clases. Su gestión se ha comprometido con invertir 370 millones de euros para emplear a más de 10.000 profesores de manera temporal, esto, con el objetivo de reducir el aforo de asistencia de los salones de clases. La propuesta consiste en que los estudiantes de Infantil hasta segundo de ESO asistan a los salones de manera presencial y que a partir del tercero de ESO, las clases se combinen con la modalidad virtual. El regreso a las aulas se realizará por fases desde el 4 al 28 de septiembre.

Asimismo, con respecto a los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de primaria; el retorno se retrasará, puesto que inicialmente estaba pautado para empezar del 8 al 17 de septiembre y los de 1° y 2° de ESO del 9 al 18 de septiembre. Si bien la mayoría de las comunidades no retrasarán el ingreso; ello no imposibilita a otras regiones, como es el caso de Madrid, a tomar otra decisión, ya que el regreso a clases depende de las competencias exclusivas que poseen las comunidades.

El uso de las mascarillas durante el retorno a clases

El uso de las mascarillas, es uno de los elementos que ha generado inconvenientes al momento de llegar a un consenso entre comunidades. Territorios de España evalúan su uso de manera obligatoria durante los grupos de convivencia o burbuja, estas son clases donde los estudiantes de un mismo aula, pueden estar cerca uno del otro e incluso no utilizar mascarilla, siempre y cuando los alumnos correspondan a un mismo salón.

Sin embargo, hasta la fecha no hay un acuerdo sobre el uso obligatorio de la mascarilla. Se prevé un comunicado del Ministerio de Sanidad para el jueves de esta semana al respecto, no obstante, es posible que se trate de una recomendación; ya que hasta el momento la situación será autónoma de cada región.

¿Pruebas PCR masivas?

El Ministerio de Sanidad planteó que no ve necesario el llevar a cabo pruebas PCR masivas en instituciones educativas, ya que el examen no descarta la posibilidad de que el educador pueda infectarse días después del inicio de clases. Para que la prueba tenga esta garantía, tendría que realizarse de manera constante a todos los profesores de cada entidad, lo cual conllevaría a costos económicos y logísticos.

En ese mismo orden, Sanidad no considera relevante la toma de temperaturas de los infantes al ingresar a los colegios, puesto que puede haber un número de alumnos asintomáticos y no serán detectados. Las comunidades decidirán si implementar estas medidas. Cataluña optó por entregar 500.000 pruebas PCR a entidades educativas.

Las clases y su obligación legal

Las comunidades del país junto con Sanidad han realizado un consenso donde se les recuerde a las familias que no desean llevar a sus niños al colegio, que la educación es una obligación legal a partir de los 6 años, por lo que no es una opción desestimar la educación. En el escrito se detallará que, la educación es un derecho de los infantes, no de sus padres ni familiares.

Se prevé consecuencias legales en cuanto a la custodia de los niños, de presentarse absentismo.

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