La nueva ley contra la ocupación de viviendas fue aprobada hace pocas semanas para agilizar el proceso de desalojo de aquellas personas que se introducen en propiedades privadas ilegalmente y para quedarse. Esta nueva ley asegura al propietario la recuperación inmediata de su vivienda ocupada ilegalmente en un plazo de 5 días desde que se tramita la demanda. El problema está en cuánto se tardará en tramitar dicha demanda.
Un caso abierto
Hace pocos días en el programa de Antena 3 "Espejo Público" como Ángel Colmenero denunciaba que su casa, donde pensaba pasar las vacaciones y que estaba en período de reforma, había sido ocupada por un extranjero cuyos papeles no están en regla y sus dos hijos.
Este hombre, además, tiene denuncias por parte de su ex mujer por maltrato de género.
El propietario denuncia que ha tenido que certificar que la casa es suya y pedir permiso para entrar en su propiedad, mientras que el ocupante, al introducirse en dicha vivienda ilegalmente, no ha tenido que demostrar nada. Incluso, ahora el propietario deberá pedir permiso al okupa para entrar en su propia vivienda, pues podría ser denunciado por allanamiento de morada.
Ángel Colmenero especifica que la policía local "hizo lo que pudo" formando un servicio de control para que no se alojara más gente en la vivienda, pero recibieron una orden de retirar dicho servicio y que el propietario fuera a poner una denuncia, dejando la vivienda sin vigilancia.
Los okupas y el mercado negro
Plataformas como Milanuncios ya se encuentran con publicaciones del tipo "se busca piso para okupar, propiedad de bancos" o "compro piso para okupar en zona Móstoles o Alcorcón". Esto ocurre porque existen bandas dedicadas a la comercialización de pisos deshabilitados, especialmente propiedades de bancos donde se han cometido deshaucios, aunque también se realizan con pisos habilitados esperando a que sus inquilinos desalojen el inmueble al irse de vacaciones o por cualquier otro motivo.
Los vecinos de estos pisos denuncian que casi todos estos okupas pertenecen a bandas organizadas de etnia gitana, extranjeros o personas procedentes de desalojos chabolistas y traen a su vecindario inseguridad y violencia, pues dichas bandas encargadas de cobrar el alquiler a sus inquilinos desesperados se ocupan también de desalojarlos a golpes si los pagos no son recibidos a tiempo, destrozando con ello el edificio e intimidando a la gente que se atreve a denunciarles.
La nueva ley va a favor de estas familias, que son víctimas directas o indirectas de este mercado negro pero deja en vilo a los bancos e inmobiliarias. Además, sigue necesitando un proceso judicial, lo que requiere la contratación de abogados y una suma de dinero importante.
