Muchas eran las consignas que se podían leer en diferentes pancartas utilizadas en esta marcha, que fue convocada por diferentes agrupaciones de personas, organismos, sindicatos, entre otros. La movilización partió desde la Plaza de Mayo, y recorrió diferentes calles hasta apostarse en el Ministerio de Defensa.
Se rechaza terminantemente la participación de militares en trabajos de seguridad que pertenecen a la policía del interior del país. Estos mismos militares, fueron separados de estas labores, a raíz de la época dictatorial que vivió Argentina entre los años 1976 – 1983, donde hubo una gran cantidad de muertos.
Se rompe un consenso básico de democracia post-dictadura
Tanto los opositores argentinos, como los líderes de diferentes organizaciones y organismos, acusaron al mandatario argentino de romper el consenso de democracia, que prohibió la participación militar en trabajos que competen áreas de Seguridad Interior.
Horacio Verbitsky, quien es el actual director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que el presidente Argentino, Mauricio Macri, está cambiando mediante un decreto, 3 leyes que se dictaminaron en 3 diferentes mandatos, algo que es sumamente ilegal. Estas leyes se dictaminaron en 1988, 1992 y 2001.
Partiendo de 2006, hasta la actualidad, la única tarea que debían cumplir los militares, era la de rechazar cualquier golpe que venga desde las áreas externas al estado argentino.
Lo que es diferente a otras naciones suramericanas y centroamericanas. En estas, los militares, tienen la potestad de involucrarse en la pelea contra el tráfico de drogas, en discrepancia con este país, donde eso es trabajo de la policía.
Lo negativo de militarizar el interior del país
Responsabilizar a los militares de las labores policiales en el interior del país, trae demasiadas consecuencias negativas, y una de las más importantes es que los propios militares acaban perteneciendo a las bandas delictivas y cárteles de narcotráfico.
Tras todo esto, todas las consecuencias las pagan los civiles, debido a la manera tan poco solidaria e inhumana que ha mostrado el gobierno ante esta situación, violando de manera brutal los derechos humanos de los argentinos, utilizando en ellos una fuerza de represión desproporcionada cuando hay conflictos sociales.
Los opositores también pronuncian su preocupación ante este decreto, debido a las intenciones de una militarización interna del país, simplemente para abolir las manifestaciones de estos en contra del gobierno, algo que este último ha rechazado como hipótesis.
Los partidos opositores, están seguros que ampliar el trabajo militar no se puede realizar mediante decretos, más bien, necesitan aprobarse mediante las 2 cámaras legislativas. También alegan que se debe derogar este decreto por ser inconstitucional y aseguran que se presentarán a la Justicia. Además de ampliar las tareas militares, también se reorganizarán los cuarteles, se aumentará la cantidad de militares, y se comprarán más armamento para estos.
