Este martes, la Fiscalía ha dado la orden de impedir el Referéndum el próximo 1 de octubre. Los Mossos, la Guardia Civil y la Polícia Nacional han sido notificados de la orden judicial.
Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, ha acudido personalmente a la Fiscalía donde se le informó por escrito que deberán revisar urnas y papeletas, así como notificar cualquier averiguación relacionada con el referéndum.
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha declarado ante la prensa que existen prioridades entre velar por la seguridad o recoger urnas y ha ratificado que recoger una urna no es un delito.
El papel que los Mossos d´Esquadra tienen de cara a la organización del 1 de octubre, los ubica en un lugar incómodo que miembros de la oposición han salido ya a defender. La portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha manifestado su desacuerdo declarando que "no puede ser que el Govern ponga entre la espada y la pared a los Mossos". Se llegado el momento la policía catalana acatase las órdenes de Puigdemont, Arrimadas cree que quedaría desacreditada "para siempre" su labor.
Por otra parte, Xavier García Albiol, portavoz del Partido Popular en Cataluña, ha asegurado en una rueda de prensa que los Mossos cumplirán con sus obligaciones. A lo que Jordi Turull, portavoz del Gobierno catalán, ha contestado que la prioridad de la policía local es evitar atentados terroristas.
"Los Mossos van a hacer lo que hacen en cualquier jorada electoral, ha asegurado a un medio de comunicación Turull. Mientras que Puigdemont aseguraba que la prioridad de la policía es garantizar la seguridad de la gente, "no hacer política".
Las indicaciones, aunque no específicas del Govern, se contradicen con el pedido de la Fiscalía, situación que pone a los Mossos y a los funcionarios en una disyuntiva.
La orden de la Fiscalía
A primera hora de la mañana de este martes, funcionarios de la Fiscalía se acercaban hasta el Parlamento para entregar las querellas. En una nota de prensa de la entidad, manifiesta que no quedan dudas de la ilegalidad del referéndum, por lo que se ordena a las fuerzas de seguridad requisar todo el material que pudiera estar relacionado con el mismo.
Además la Fiscalía solicita que de forma urgente se elabore y entregue un informe sobre las averiguaciones sobre los actos destinados a promocionar y facilitar la realización de las elecciones independentistas el próximo 1 de octubre.
El Ministerio Público ha recordado que no acatar la orden de la Fiscalía puede constituir un delito de desobediencia, algo que podría estar penado con hasta 8 años de prisión.
Toni Castejón, integrante del Sindicato de Mossos d'Esquadra, asegura que la policía obedece a los jueces y no tienen poder de elección. La Fiscalía ha sido clara en cuanto el proceder de las Fuerzas de Seguridad. Deben enviar, en primer lugar y de manera urgente, un atestado indicando lo que está ocurriendo en Cataluña.
Además aclara en la nota que si los procedimientos requieren de una orden de allanamiento, la soliciten al fiscal.
El problema recae en que los Mossos también dependen de las órdenes del conseller de Interior de la Generalitat.
Impedir o paralizar cualquier situación que conlleve a que se realicen elecciones el 1 de octubre no será tarea sencilla, unos 700 municipios ya han informado al Govern que facilitarán sus centros para que se celebre el referéndum. Mientras que este martes, también se ha hecho público por parte de los alcaldes socialistas las presiones del Govern para que cedan locales para las elecciones, sin embargo otras ciudades han negado que esto ocurra.
