Debido a las acusaciones en contra de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ex presidentes de la Junta de Andalucía, por las subvenciones de 33 millones de euros que grupo Pescal liberó para las personas que trabajaban en Delphi; se ha solicitado que ambos se presenten para comparecer ante el Ministerio Público. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha intervenido para solicitar que dicha investigación no se lleve a cabo en su contra.
Fernando Soto, quien lleva la fiscalía del asunto, accedió al pedido de no adjuntar la denuncia presentada por los ex empleados de Delphi, que durante el 2016 acudieron al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a fin de reclamar sus coberturas por desempleo.
Anticorrupción fue totalmente claro al mencionar que no existía ningún indicio de que ambos dirigentes estuvieran implicados con anomalías en sus fondos, a pesar de los sospechas entre la gente.
No obstante, el fiscal no se pronunció contra la demanda que involucra a Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda; el primero en pisar el Juzgado de Instrucción de Sevilla. Aun así, Soto impuso una fianza tras declarar que dicha asociación podía calificarse como acción popular.
Su decisión ha causado gran revuelo, pues él mismo reconoce que hay grandes indicios de una malversación de fondos, después de simular relaciones laborales a fin de continuar con el manejo de la subvención.
Este incidente le ha servido para calificar la demanda de los ex trabajadores como coincidente, pues según él, ni siquiera terminaron siendo directamente afectados.
Finalmente, accedió a acumular la denuncia bajo serias condiciones, que incluyen "no alterar el objeto procesal de la demanda". Esto quiere decir que no tomaría en cuenta el supuesto fraude que la administración les hizo a los empleados, después de efectuar ofertas laborales.
La segunda condición tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y estipula que los demandantes deben dejar de cuestionar sus prestaciones durante el paro laboral.
