Este miércoles el Tribunal Constitucional aprobó la ponencia que fue presentada el magistrado Pedro González, en donde se planteaba que el confinamiento de los ciudadanos represento una suspensión del derecho de circulación, por lo que se debió optar por el estado de excepción que requiere una aprobación previa del Congreso, y no un estado de alarma. Esta no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, pero algunas libertades como la circulación o la permanencia de personas en ciertos lugares pueden verse afectadas.
La decisión fue muy ajustada, de los 11 magistrados 5 votaron en contra, entre ellos están el del presidente y el del magistrado propuesto por el PP, Andrés Oller. Con esta decisión si se diera una nueva pandemia el país deberá recurrir al estado de excepción para el control de circulación y seguir las recomendaciones de la OMS, pero se derogarían más derechos y libertades.
Facultad para eliminar derechos
El estado de excepción, a diferencia del estado de alarma, supone que el Gobierno tendrá la autoridad para eliminar una serie de derechos ciudadanos, algo regulado en la Ley 4/81. Entre las cosas que puede hacer están:
- La detención de alguna persona por 10 días sin necesitar una orden judicial si se considera que es necesario para conservar el orden o se sospecha que la persona pueda alterar el orden público.
- El expulsar extranjeros sin necesidad de que estos cometan algún tipo de crimen o la supervisión de algún juez siempre y cuando actúen en contra de una ley o alteren el orden público.
- El poder realizar inspecciones y registros domiciliaros si se considera necesario para esclarecer algún suceso considerado como criminal
- Intervenir en los medios de comunicación, entre ellos las postales, telegráficas y telefonías
- El poder suspender de forma arbitraria cualquier cargo de la administración pública y el secuestro de publicaciones.
- El derogar el derecho a reunión, manifestación o huelga, así como el cierre de salas de espectáculos, bares y otros similares
El Gobierno busca detener los contagios
Ante el aumento de contagios, el Gobierno busca seguir las recomendaciones de la OMS que ha advertido el inicio de una quinta ola de la pandemia en gran medida por la propagación de la variante Delta y la relajación de medidas de movilidad.
A pesar de ello, vocales progresistas han lamentado la sentencia, argumentando que el estado de excepción requiere una aprobación del Congreso y que será una “pérdida de tiempo” no se podrá atender a las recomendaciones de aplicar medidas de confinamiento inmediato. También aseguran que el Congreso puede ser ágil en su decisión si se lo proponen.
