Las autoridades de la justicia de España investigan el proyecto de Esperanza Aguirre, denominado la Ciudad de la Justicia. Un gigantesco plan de infraestructura que buscaba poner en pie una construcción que iba a agrupar todo el Poder Judicial en una zona determinada. Desde 2004, la presidenta de la Comunidad de Madrid en ese momento planificó el proyecto que alcanzaría unos 516 millones de euros de manera inicial, hoy la Audiencia Nacional realiza una exhaustiva pesquisa para determinar el final de los fondos.

El juez José de la Mata ya ha realizado las labores pertinentes al procesamiento de cinco de los ejecutores de la Ciudad de la Justicia.

En ese contexto, el representante judicial ha demostrado mediante un voluminoso documento que en la construcción del complejo de la justicia se encontraron numerosas irregularidades. Tales hechos dolosos están representados por procesos amañados en la licitación, así como el otorgamiento de emolumentos elevados a personajes vinculados a la política.

Las autoridades de la justicia han determinado irregularidades en la adjudicación de los contratos de la Ciudad de la Justicia

El juez De la Mata ha determinado que existen fuertes indicios de que los propios pliegos del concurso han sido construidos y perfilados por las propias empresas que fueron contratadas. En ese contexto se permite dilucidar la forma en que se gastaron los recursos de la obra.

Unos 350 millones de euros según la Audiencia Nacional fueron gastados en La Ciudad de la Justicia, pero los resultados fueron solamente la construcción de un edificio que haría parte del enorme complejo.

Otra de las irregularidades que las autoridades judiciales de España han detectado en la Ciudad de la Justicia es la contratación de personal, dado que en la obra había más directivos en comparación con los obreros.

Asimismo los sueldos de tales directivos eran sumamente elevados. Lo que permite inferir la inviabilidad del proyecto, por la mala o deficiente administración de los recursos públicos.

Alfredo Prada es investigado por las autoridades de la Audiencia Nacional por su relación con el megaproyecto

El juez José de la Mata investiga la relación de Alfredo Prada al frente del proyecto de la Ciudad de la Justicia, ya que se ha podido determinar que tal personaje ocupaba una importante función como consejero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Para las autoridades judiciales, Prada es responsable de las irregularidades en la ejecución del proyecto, su influencia en el PP lo ha llevado a ocupar importantes cargos políticos bajo la égida del Partido Popular. Así como la cercanía de Esperanza Aguirre con Mariano Rajoy le ha servido para mantener una importante influencia en la misma agrupación política.

Esperanza Aguirre y Alfredo Prada en el centro de las pesquisas por irregularidades

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y Alfredo Prada ocupan una importancia en cuanto al manejo de la Ciudad de la Justicia. Por ejemplo en cuanto a los contratos de publicidad, según las investigaciones los procesos tienen que seguir un método de contratación, que en ese caso no siguieron.

Con respecto a esos seis millones de euros de publicidad, se pudo determinar que solamente se gastaron 957.989,91 euros, lo demás fueron usados sin seguir las formas ajustadas a la ley para la contratación.

Implicado en el caso Kitchen según las autoridades de la justicia española aparece en el caso

Andrés Gómez Gordo es un comisario que aparece vinculado al caso de espionaje del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Gómez Gordo según lo indagado por la justicia aparece vinculado a irregulares manejos en cuanto a los costos para la seguridad de la Ciudad de la Justicia. Un contrato a la empresa Tecisa 74, sirve para acreditar de acuerdo a lo que ha expuesto el juez José de la Mata, la existencia de un acuerdo entre la empresas y los contratantes violando el proceso legal para la licitación.