El estado de alarma provoca reacciones enfrentadas en la oposición política

A media tarde del domingo, el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto de entrada en vigor del estado de alarma nacional. Una estrategia legal para evitar futuros contagios de Enfermedades, principalmente el COVID-19 pero también la gripe, promovida por el Gobierno central y que, aunque cuenta con seguidores, no son pocos los detractores dentro de la oposición. Como era de esperar, el partido de coalición Podemos no ha tardado en manifestarse. Su portavoz, Pablo Echenique, confirmaba su apoyo a la medida legal aunque reconocía que "será duro".

Apoyos al estado de alarma, pero con condiciones

El pasado viernes, la presidenta de Ciudadanos pedía al Gobierno que tomara el control de la pandemia decretando un estado de alarma. Se coloca así el partido naranja la bandera de haber tomado la iniciativa de negociación con el ejecutivo central. En principio, han afirmado rotundamente que apoyarán la prórroga del estado de alarma en el Congreso, pero esta misma mañana en una entrevista en Cadena SER, Arrimadas ha matizado su intención. Pide una mayor negociación por parte de Sánchez, puesto que considera que seis meses son "excesivos para aprobar una sola prórroga".

Aitor Esteban, portavoz de PNV en el Congreso, considera el estado de alarma una herramienta que aporta seguridad que no resta competencias a nadie, en contra de los que defienden este decreto como nada menos que una "herramienta dictatorial".

Esteban apoyará la prórroga en el Congreso de los Diputados siempre y cuando se respeten las competencias autonómicas.

La derecha, dividida ante el estado de alarma

Santiago Abascal se pronunciaba totalmente contrario al decreto del estado de alarma, describiéndolo como una herramienta medieval.

El partido de extrema derecha asegura que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional y pide más controles en aeropuertos, así como mayor capacidad diagnóstica y de rastreo. En su momento, Vox no apoyó en el Congreso de los Diputados el estado de alarma de marzo que permitió el confinamiento nacional. Se esperaba que tampoco facilitara esta medida, así como que no se siente a negociar con el ejecutivo central.

El estado de alarma es una nueva encrucijada para el Partido Popular

El Partido Popular es la mayor incógnita de estas jornadas políticas. La semana pasada, a la sociedad le corroía la duda de qué votaría Casado en la moción de censura contra el Gobierno de Sánchez. Esta semana, el apoyo a la prórroga del estado de alarma así como a los Presupuestos Generales del Estado ponen en nuevas encrucijadas a los populares. Ayer, Pedro Sánchez confirmaba que ha conversado con el líder del PP, en busca de "apoyo y unidad a todos los partidos". Se espera que este mismo lunes la cúpula del Partido Popular desvele la orientación de su formación.

El alcalde de la ciudad de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, apuntaba a Sánchez por provocar "desconcierto" entre los ciudadanos mientras se cambian de nuevo las medidas en Madrid. A su vez, criticaba a Fernando Simón por unas declaraciones de hace diez días en las que decía que la situación del Coronavirus en España se estaba estabilizando.

La presidenta de la comunidad de Madrid aún no se ha manifestado tras la publicación del decreto. Tras el duro discurso de Pablo Casado el pasado jueves contra Santiago Abascal y Vox, se desconoce la deriva que el Partido Popular tomará a la hora de tomar decisiones como oposición. Desde el Gobierno central, piden al PP que actúe como un partido de Estado y que colabore evitando posibles bloqueos.

Lo que no cabe ninguna duda es que el estado de alarma es una herramienta necesaria dada la deriva judicial a la que se enfrentaban los gobiernos autonómicos.

Las comunidades autónomas en su mayor parte han llegado hasta el límite de la legalidad para controlar la segunda ola del coronavirus. Para poner toques de queda, por ejemplo, se necesitaba del respaldo legal de esta herramienta porque los tribunales podrían frenar su implantación por afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un estado de alarma que se reviste de negro mientras la OMS alerta del colapso próximo de los hospitales.