La Fiscalía General del Estado, ha reaccionado por fin ante el hecho de que en España el problema de las viviendas okupadas está totalmente descontrolado y el Estado de Alarma con la consiguiente crisis posterior, no ha hecho más que reactivarlo.
El movimiento okupa acapara titulares y espacios televisivos
Acabado el Estado de Alarma y tras el progresivo desconfinamiento, los ciudadanos han visto como en muchas localidades, pisos, casas y chalets, eran okupados, casi siempre por mediación de mafias que cobran dinero por ceder unos inmuebles que o son de algún banco o de un pobre propietario, que ha debido ausentarse de su vivienda por cualquier circunstancia.
Este fenómeno delictivo, sin lugar a dudas ha sufrido un importante repunte gracias a la pandemia que sufrimos y los casos más sangrantes son los de los ciudadanos de a pie, que ven como pierden su casa, todas sus pertenencias y recuerdos, a manos de unos desalmados que hasta ahora se saben impunes.
Tal es el caso denunciado por Telecinco en ‘El programa de verano’, de una pareja que dio una cuantiosa paga y señal para adquirir un chalet valorado en más de 300.000 euros y al ir a habitarlo, se encontraron con dos chicas jóvenes que los echaron de mala manera diciendo que las dueñas eran ellas. El reportero desplazado a la localidad, pudo hablar con las jóvenes que afirmaban haber pagado, lógicamente a una mafia, 4000 euros por las llaves y que no entendían que los vecinos del pueblo quisiesen echarla, porque eran ‘dos niñas’ desamparadas.
Casos como este e incluso mucho peores se suceden cada día, porque hay okupaciones de casas habitadas, con lo cual los dueños lo pierden absolutamente todo, siendo denunciados los hechos a los medios como medida de presión, sin que hasta ahora se haya llegado a una solución rápida del problema, que puede alargarse entre uno y dos años, tiempo en el que los okupas siguen en la vivienda, dejándola además destrozada a su marcha.
Dolores Delgado y el ordenamiento jurídico
La Fiscal General del Estado, ante el hecho de que la oposición sostenga que no existe una posición legal clara y que hay falta de eficacia en un tema tan grave, ha aclarado que no se necesita una reforma legislativa en profundidad, pero si que tiene la intención de dar una instrucción a los fiscales, que proporcione seguridad jurídica y les ayude a resolver las dudas que se planteen.
La Fiscal General, ha obviado extenderse sobre el tema, incidiendo sobre el hecho de que la Fiscalía realiza una labor, dando respuesta a las principales inquietudes de la sociedad española y que tanto el movimiento okupa como los diferentes fenómenos delictivos que sufre el país y preocupan a la ciudadanía, ya tienen suficiente respuesta en nuestro ordenamiento jurídico, aunque reconoce que el fenómeno okupa requiere de una acción más específica y por eso se dictará en los próximos días una instrucción al respecto.
