Sigue adelante una de las mayores crisis para el gobierno del PSOEUnidas Podemos. El informe presentado por la Guardia Civil a la magistrada que lleva el caso ha tenido como consecuencia la imputación del delegado del Gobierno en Madrid por permitir, entre otros eventos, la manifestación del 8-M. En el documento se pueden leer desde errores de bulto, auténticos saltos al vacío y noticias que podrían haber sido tergiversadas. En el informe se incluyen noticias en contra del Gobierno del PSOE publicadas en ciertos medios de derechas. En el atestado en el que se imputa a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, encontramos errores clamorosos que ya fueron desmentidos en su momento y apoya frases que, según Fernando Simón, significan un verdadero riesgo para toda la ciudadanía, según ha publicado el medio “eldiario.es”.

Este informe ha provocado una verdadera crisis en el Ministerio de Interior y la jueza ya ha advertido de que no tendrá ningún problema en actuar contra el Ministerio de Interior si se confirma que Pérez de los Cobos fue cesado por el hecho de obedecerla.

"Operación Sanitario" investiga lo que sucedió durante la semana del 8-M tras una denuncia contra el gobierno

Varios periodistas han señalado el hecho que en un informe firmado por la Guardia Civil se incluyan noticias que han sido publicadas por OKDiario, bulos que aparecieron en medios vinculados a la ultraderecha y que ya han sido desmentidos, fechas equivocadas en las decisiones más importantes por parte de la Organización Mundial de la Salud, incluso, llegando a situar el comienzo de la pandemia en mes y medio antes.

Todo esto aparece en el informe clave de la conocida como “Operación Sanitario” que investiga un delito de prevaricación a nivel administrativo tras la denuncia que un particular interpuso contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos, junto a los 17 delegados del actual Gobierno, a quienes ha culpabilizado de dar autorización a las distintas manifestaciones del 8-M siendo conocedores de que esto significaba un foco de posibles contagios de Coronavirus y a sabiendas del inicio de la pandemia en España.

José Manuel Franco, investigado por el caso, es secretario general del PSOE en Madrid

El atestado ha sido realizado por la Unidad Orgánica de la Policía en el ámbito Judicial de la propia Comandancia del cuerpo de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid y ha resultado ser la base para poder imputar a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la susodicha comunidad autónoma que, casualidades, también es el secretario del PSOE en la comunidad de Madrid.

Por culpa de dicho informe Franco tendrá que declarar el próximo día 5 de junio. La magistrada está investigando si Franco cometió una prevaricación de tipo administrativo, si llegó a dictar resoluciones injustas siendo consciente de que lo eran. Aunque este tipo de delitos no implican penas de prisión, sí conllevan la inhabilitación para desempeñar un cargo público, como es su caso. Carmen Rodríguez-Medel, máxima responsable de la susodicha investigación, se ha hecho cargo del expediente en el juzgado nº1 de la ciudad de Madrid ante la presentación por parte de un ciudadano en contra del papel por parte del delegado del Gobierno en la capital madrileña al permitir la marcha feminista del 8-M que tuvo lugar en Madrid y movió a miles de personas en las calles del centro de la ciudad.

La jueza tomó la decisión de imputar a José Manuel Franco. No es la primera vez que Carmen Rodríguez-Medel decide investigar a un político importante de la región. Fue la responsable de la imputación de Cristina Cifuentes (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, por el polémico Caso Máster, que acabó con su larga carrera en el mundo de la política. Lo que se va a valorar en el juzgado no va a ser si el Gobierno del PSOE ha sido más o menos precavido o previsor, sino si dictó órdenes injustas siendo totalmente consciente de que lo estaba haciendo y dejando a un lado el riesgo de contagio que existía en aquel momento. Franco dicen que, habría autorizado por razones puramente políticas la polémica concentración del 8M en la ciudad de Madrid en el que se reunieron unas 120.000 personas.

La tesis que defiende el Ejecutivo del PSOE es que fue ese fin de semana, no con anterioridad, cuando había constancia de que se habían disparado el número de contagios en Madrid.

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