Tras la elección por parte de Díaz Ayuso de Enrique López como el nuevo consejero del área de Justicia en la Comunidad de Madrid se completa un ciclo y, de esta manera, el magistrado abandona la vida jurídica para iniciar una nueva carrera profesional, en esta ocasión, en la Política.

Su polémica carrera judicial siempre ha ido en paralelo a su cercanía con el partido de derechas

Muchos han visto el nombramiento del hasta ahora juez de la Audiencia Nacional, Enrique López, como consejero de la Comunidad de Madrid en las áreas de Interior, Víctimas del Terrorismo y Justicia, como un paso natural y esperado en su carrera, un salto previsible desde el mundo de la justicia al político.

El juez nacido en la localidad de Cacabelos, en la provincia de León, es el juez de nacionalidad española más vinculado con un determinado partido político, el Partido Popular, al que le debe (de manera directa y clara) muchos de los cargos más importantes que ha tenido a lo largo de su carrera profesional.

A pesar de que todas y cada una de las resoluciones judiciales que ha llevado a cabo se han realizado bajo la más estricta legalidad, su gran ambición y su capacidad de maniobrar en espacios fuera de los propios tribunales -sobre todo, desde un plano de los medios de comunicación y como relaciones públicas- le han hecho recibir el nombre de “animal político”, término empleado por sus propios compañeros del Tribunal Supremo.

Hay que recordar que como juez, López tenía completamente prohibido ser afiliado de ningún partido político, pero sí puede hacerlo si realiza otra función. Su nombramiento se ha hecho público junto al de Manuel Giménez para encargarse de Economía, otro independiente del Partido Popular.

López nunca ocultó su simpatía por el Partido Popular, incluso, realizó unas cincuenta ponencias en la fundación FAES, lo que hizo que fuera nombrado vocal y portavoz del Consejo del Poder Judicial entre los año 2001 y 2008.

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Después de este período, deja su plaza de juez en la ciudad de León y pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Y, en el año 2013, logró su objetivo: ser nombrado juez del Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación se hicieron eco de que el magistrado llevaba desde el año 2006 luchando por optar al puesto, a pesar de poseer unos méritos bastante cuestionables.

Un año después, tuvo que dimitir al ser “pillado” por la policía por conducir una moto sin casco y bajo los efectos del alcohol, lo que le implicó una multa de casi 1500 euros y ocho meses sin permiso de conducir.

En ese momento, varios miembros del PP parecían alejarse de un juez al que habían ayudado a crecer en su carrera judicial.

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