El proceso de independencia iniciado por algunos partidos políticos catalanes y apoyado por una gran parte de la sociedad civil de esa comunidad autónoma y que se se ha denominado "El Procés" sigue generando una frenética actividad política y judicial, en esta ocasión le toca ocupar titulares a la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presentado por el gobierno a raíz de una reprobación contra el Rey de España Felipe VI.

Con anterioridad, el Consejo de Estado, órgano encargado de asesorar al Gobierno, había determinado que no existía una base jurídica para presentar dicho recurso, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por no seguir el consejo de dicho órgano y recurrió la reprobación contra Felipe VI.

Ahora le toca al Tribunal Constitucional dirimir si el dictamen del Parlament de Catalunya es inconstitucional.

La reprobación en el Parlament no sería más que un pronunciamiento sin valor jurídico

Dicha reprobación tuvo lugar el pasado 11 de octubre y salió adelante apoyada por los siguientes grupos parlamentarios: comunes, Junts per Catalunya y ERC y su origen se remonta a la posición que mantuvo la Corona y la intervención televisiva del Rey Felipe VI con motivo del referéndum del 1 de octubre de 2017. En dicha reprobación se pide abolir la monarquía por ser una institución caducada y contraria a la democracia.

Esto no supone la suspensión de la resolución del Parlament, ya que el Gobierno no se ha acogido al artículo 161.2 de la Constitución, que hubiese permitido la supresión automática de la actuación parlamentaria catalana que reprobó a Felipe VI.

Tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida si es o no constitucional la resolución del Parlament de Cataluña, ya se ha informado al mismo de la admisión a trámite y se dan 20 días para formular alegaciones.

El Ejecutivo piensa que la reprobación es un intento de iniciar el proceso hacia la república catalana

Esta resolución es una declaración de intenciones y no un acto legislativo que tenga repercusión en la vida de los ciudadanos, no regula ningún aspecto de la vida de los habitantes de la comunidad autónoma, pero ha suscitado una agria polémica al tratarse la figura del Rey Felipe VI.

El ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la reprobación del Parlament de Catalunya no es compatible con cinco artículos de la Constitución Española y con dos del Estatuto de Autonomía de la propia Cataluña.