La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y 'los Jordis' como principales cabecillas del llamado 'procés' catalán.

El evicepresidente de la Generalitat, al que se le atribuye un papel principal en la organización del referéndum ilegal del 1-O, se enfrenta a una acusación por rebelión que el ministerio público agrava con malversación de caudales.

De los mismos delitos se acusa al resto de exconsejeros del expresidente Carles Puigdemont que permanecen en la cárcel: Romeva, Forn, Turull, Rull y Bassa.

Para ellos se piden 16 años de reclusión.

La Abogacía no ve rebelión en los responsables del 1-O

En sus escritos de acusación, conocidos hoy, los fiscales del Supremo también ven rebelión en la conducta de los otros tres procesados en prisión: Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Pero a la expresidenta del Parlamento de Cataluña y a los líderes de las asociaciones ANC y Omnium Cultural, que son considerados "jefes o promotores" del desafío separatista, no se les imputa malversación. Les solicitan 17 años de encierro.

Tres exconsejeros se enfrenta a solo 7 años. Son Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, acusados de malversación y desobediencia continuada y grave, pero no de rebelión.

A los miembros de la Mesa del Parlament y a la dirigente de la CUP Mireia Boya les piden un año y ocho meses de inhabilitación.

Mientras tanto, la Abogacía del Estado apuesta por reducir estas penas a más de la mitad.

Los servicios jurídicos adscritos al Ministerio de Justicia no ven rebelión, sino sedición y malversación. Por ello, solo piden 12 años para Junqueras, 11 y medio para los antiguos 'consellers' y 10 para Forcadell. A los dos Jordis les reclaman 8 años, al considerar que no concurre el agravante de autoridad.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha elevado este viernes a delito de rebelión su acusación contra Josep Lluís Trapero, ex jefe de los Mossos.

Precisamente este 2 de noviembre cumplen un año en prisión preventiva tanto Oriol Junqueras como Quim Forn, ex consejero de Interior.

El plazo para presentar los escritos de acusación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo vencía el próximo lunes a las 15:00 horas, pero el ministerio público ha decidido registrarlos este viernes.

Segarra mantiene la calificación del difunto Maza

A pesar de las presiones que los independentistas de ERC y PDeCAT venían ejerciendo en las últimas semanas sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha mantenido el delito de rebelión por el que apostó en la querella que originó la causa su antecesor en el cargo, el difunto José Manuel Maza.

Se trata de uno de los delitos más graves del Código Penal español, recogido en su artículo 472.

La Fiscalía otorga a Junqueras un papel esencial en las tres partes en las que ha divido el 'procés'. La inicial, en la que se incluyen los acuerdos firmados por ERC y Artur Mas en 2012 para que este presidiera la Generalitat; la intermedia, con la creación de las estructuras para una hipotética Cataluña independiente; y la final, cuyo culmen fue el remedo de votación del 1 de octubre de 2017 y la DUI del día 27 de ese mismo mes.