Según palabras Isabel Celaá, quien representa al Gobierno como portavoz, ha declarado que, el Gobierno se ha comprometido estudiando la manera para que el servicio jurídico estatal, se pueda presentar como una parte defensora de las personas perjudicadas por delitos de carácter sexual. Esta medida se presenta con la finalidad de luchar en contra de este tipo de crímenes. También señaló que, dicha medida se produce posterior a la decisión de la Audiencia Provisional de Navarra, quienes dictaron bajo una fianza de 6.000 euros, la libertad provincial para un grupo de jóvenes condenados a 9 años de prisión por abuso sexual.

Hecho que se registró el 7 de julio del 2016 durante los Sanfermines celebrados en Pamplona.

La puesta en libertad toma por sorpresa al ejecutivo

Celaá también reveló en una conferencia de prensa que tuvo lugar después de un conejo entre ministros, que la resolución de la Audiencia de Navarra provocó asombro al Ejecutivo. A su vez, ha comunicado la intención de analizar una transformación de las leyes aplicadas a los delitos sexuales. La ministra mostró el respeto que el Ejecutivo guarda a las determinaciones judiciales, simultáneamente remarcaba que el Gobierno nacional labora en fusión de la protección de jóvenes y féminas.

En este mismo sentido, Celaá ha enmarcado que entre los casos existen diferencias, pero el caso de “La Manada” es particular, posee hechos probados bastante graves por los cuales el Gobierno se ha humanizado.

Habiendo comunicado el respeto por las determinaciones de la audiencia, aclaró que, pese a la puesta en libertad ya recurrida, el Ejecutivo puede mediante la jurisprudencia del estado, defender los intereses de la agraviada.

¿Libres después de ser sentenciados?

La ministra reitero que la decisión del Gobierno en esta junta ha sido evaluar esta propuesta.

Afirmó que, el Gobierno ha escuchado las preocupaciones que abordan a la sociedad española por completo, en especial a las mujeres, a quien quieren brindar protección y lo harán. También destacó que, lo principal es que un culpable esté encerrado con prisión condicional, y una vez sentenciado a 9 años debería mantenerse en la cárcel.

Para el caso del grupo de personas que forman “La Manada”, por lo menos hasta que cumplan la mitad de la sentencia. También ha enfatizado que, siempre existe el riesgo de fuga tras una sentencia condenatoria.

La porta voz dio a conocer las labores que el Gobierno desarrolla en medidas aplicables al pacto de estado contra la Violencia de género, a su vez, agregó que existe necesidad de capacitar a magistrados y jueces con respecto al tema, y catalogó como importante, estudiar el código penal en relación a la clasificación de los crímenes de origen sexual.