El plazo de dos meses para elegir un nuevo presidente catalán aún no ha comenzado. Eso es lo que declararon los abogados del Parlamento catalán en un informe emitido el viernes. Según los abogados del Parlamento, los plazos están "congelados", al menos hasta que el Tribunal Constitucional español tome una decisión sobre la legalidad de la candidatura de Puigdemont a la presidencia.
Una vez que el tribunal se pronuncie, le corresponderá al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, decidir si convocar el debate para jurar en un nuevo presidente catalán o no.
Si la situación permanece estancada durante mucho tiempo, los grupos parlamentarios podrían forzar este período de dos meses para comenzar. Los abogados del Parlamento ya han presentado el informe tanto al presidente del Parlamento como a la oficina del Parlamento. A pesar de que el informe no es vinculante, Torrent tiene la intención de tener en cuenta la opinión del equipo legal del Parlamento al tomar una decisión.
El presidente del Parlamento pospuso el debate para elegir un presidente
El presidente del Parlamento pospuso el debate para elegir un presidente el 30 de enero, horas antes de que comenzara la sesión. Torrent dijo que se llevará a cabo solo cuando haya "garantías" de que será "efectivo".
En una decisión inusual, el Tribunal Constitucional español decidió establecer medidas cautelares para la candidatura de Puigdemont, el 27 de enero.
Una primera votación supondría el inicio del plazo de dos meses para elegir un presidente. Pero dado que no se realizó la primera votación, el equipo legal del Parlamento hizo hincapié en que los plazos están "congelados".
Además, señalaron que la postergación del debate para jurar en un nuevo presidente catalán no es el resultado de la "elección deliberada" de Torrent. "Pero la consecuencia de una decisión tomada por un organismo externo". El informe se refirió al hecho de que ahora corresponde al Tribunal Constitucional español tomar una decisión sobre la oferta de Puigdemont, a raíz de una apelación presentada por el gobierno español.
Los magistrados españoles aún tienen que decidir si aceptan la apelación presentada por el ejecutivo de Rajoy.
El informe de los abogados del Parlamento catalán afirma además que la decisión del Tribunal Constitucional español podría afectar la "viabilidad de la candidatura desde un punto de vista legal", y que es necesario esperar la decisión del tribunal para averiguar qué efecto tiene podría tener en los procedimientos.
