El conflicto de Cataluña con el resto de España ya se lleva prolongando en el tiempo durante varios meses seguidos. Después de todos los problemas que han generado los afines a la posible independencia de Cataluña con respecto a la unidad de España, el Gobierno espera a que los catalanes deciden a quién quieren colocar en el poder.
El que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra enmarcado, todavía desde el extranjero, en un constante proceso de negociación con el partido ERC para decidir el nuevo futuro político de los catalanes.
Parece ser que los independentistas ya han tenido que rectificar varias veces en los posibles acuerdos que se estaban llevando a cabo entre ambas organizaciones catalanas y esto ha ido alargando el proceso de decisión a un punto sin retorno que parece eterno para quienes observan las negociaciones desde la barrera.
El PP espera a que Cataluña avance
Desde el Gobierno de España, la mayoría de representantes políticos piensan que las entidades independentistas tratarán de evitar la investidura simbólica de Carles Puigdemont, ya que esto supondría el comienzo de acciones legales por parte de Moncloa tras la aplicación del artículo 155. Algo que preocupa al que fuera presidente de la Generalitat, quien observa desde fuera de Cataluña cómo su poder podría debilitarse aún más si no es investido como presidente.
Sin embargo, el Partido Popular ya permanece atento a los siguientes pasos que dará Cataluña, aunque solo tendrán que actuar en caso de que Puigdemont se convierta de nuevo en el máximo mandatario de los catalanes.
Después de la entrada del nuevo president del Parlament, Roger Torrent, sobre las posibles consecuencias de cualquier acto de ensalzamiento a la figura de Puigdemont.
El Gobierno ha sido claro con Torrent: "En Cataluña no hay lugar para simbolismos, ni apariencias de una doble legalidad, ni que tampoco se utilice el dinero público para llevarlas a cabo". Esta fue la advertencia que, desde Madrid, recibió el nuevo presidente del Parlament Catalán y que deberá cumplir para evitar problemas mayores.
En vista de posibles actos, el Gobierno también ha sido claro con lo ocurrido en la pasada legislatura, cuando se puso en marcha la propuesta de resolución independentista y el Constitucional se vio forzado a anularla después de la impugnación. Fue en ese momento cuando se proclamó el "inicio de un nuevo Estado catalán", que no acataría las normas del TC, pero que ahora deberá hacerlo si no quiere que el Gobierno tenga que intervenir.
