Este 28 de septiembre la OHCHR, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas por los derechos humanos, expresa su preocupación por las últimas actuaciones que se han llevado a cabo en Cataluña para evitar el Referéndum independentista y advierte que aunque la convocatoria sea ilegal no se puede atacar contra derechos humanos fundamentales como los de libertad de expresión, reunión y asociación o de participación pública.

Los expertos de Naciones Unidas dicen literalmente: ''Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar los derechos individuales fundamentales, truncando la información pública y la posibilidad de debate en un momento crítico para la democracia española ", nombrando las detenciones de 14 miembros del gobierno catalán y la denuncia por sedición contra las organizaciones independentistas que llamaron a manifestarse, que puede acarrear penas de prisión de hasta 15 años.

En el comunicado también se expresa la preocupación por el envío de miles de policías a la comunidad autónoma porque responden a una retórica que puede hacer aumentar las tensiones y los disturbios sociales.

También recuerda que desde el fallo, cientos de miles de catalanes han salido a la calle en protestas. Las tensiones han aumentado con las autoridades registrando las imprentas y confiscando el material del referéndum. Los sitios web han sido bloqueados, y las reuniones políticas se han detenido.

Finalmente David Kaye y Alfred de Zayas, expertos que firman el documento han instado a todas las partes a actuar con el máximo de moderación y eviten todo tipo de violencia para garantizar protestas pacíficas estos próximos días.

Como se deduce de estas últimas palabras desde la ONU se esperan protestas en los próximos días y con razón, ya que a pesar de la macrooperación contra el 1 de octubre la Generalitat parece seguir adelante y la hipótesis de una declaración unilateral de independencia está en el aire.

De celebrarse el referéndum se espera un resultado claro a favor del sí, lo cual según la ley aprobada en el Parlament obligaría a una DUI. Pero ante el poco efecto que ésta pueda tener, líderes de las CUP ya han expresado su voluntad de convocar una huelga general para defender el resultado, tiene el apoyo de ERC y la CGT, así como de organizaciones sociales y estudiantiles, aunque de momento no cuentan con el apoyo los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT.