El Pin Parental ha sido el foco de todos los debates sobre la educación en el último mes. Desde que el nuevo gobierno ha tomado posesión de sus múltiples nuevos y antiguos ministerios, el Ministerio de Educación ha puesto su punto de mira en esta reforma propuesta por Vox en el parlamento de Murcia. Además de cambiar la Ley de Educación (una vez más) para desconsuelo de todo el profesorado, el gobierno socialista ha expresado su malestar con esta medida propuesta por el partido de Santiago Abascal.

La discusión no es baladí. Por un lado, los hay que creen que los padres deben decidir sobre todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos, lo cual es comprensible.

Por otro lado, el Estado considera que hay cierta información que es necesaria para todo futuro ciudadano para la creación de una sociedad más igualitaria y justa, y que esto no debe ser opinable por parte de las familias.

Así, nos encontramos en la tesitura de decidir, o no, ciertos contenidos que no se encuentran en el currículo escolar. Hasta ahora, los objetivos que deben conseguir los alumnos en cada etapa educativa están incluidos en un documento elaborado por el Estado, por lo que las familias no tienen el poder decidir sobre las materias que sus hijos van a aprender en la escuela. En realidad, ni siquiera los centros escolares tienen la potestad de decidir qué contenidos han de impartir, ya que viene dado por la Ley.

La cuestión es, ¿deberían tener poder de decisión las familias sobre contenidos que no se encuentran de forma explícita en la Legislación Educativa vigente?

El problema del Pin Parental reside en ambas corrientes

El problema se encuentra en ambas vertientes. Cada familia forma una micro-sociedad, con valores y formas de relacionarse únicas y heredadas y, lógicamente, influidas por el contexto en el que se han desarrollado.

Y los valores impuestos por el Estado dependen del partido político que gobierne en ese momento, y en cada región.

Si dejamos que el gobierno decida qué aspectos son fundamentales para educar éticamente a los futuros ciudadanos, es probable que algunos de esos valores no coincidan con los de algunas familias.

Y si es al contrario, puede que en algunas familias no se eduque en algunos valores que el Estado consideraría vitales para el adecuado funcionamiento de una sociedad igualitaria y justa.

El Pin Parental es un problema político y no familiar

¿Qué debemos hacer, por tanto? Por lo que parece, no existe un clamor popular por parte de las familias por controlar de forma excesiva todos esos contenidos. El problema es político. Se debería generar un consenso en contenidos de respeto, tolerancia y conocimientos básicos sobre toda la temática referida, para que no crear ciudadanos analfabetos éticamente hablando.

De esta manera, ningún alumno dejaría de conocer la realidad social en la que vive y se podría educar en hábitos de tolerancia, respeto y conocimiento propias de una sociedad plural.

Además, al haber trabajado el tema desde el centro educativo, se estaría dando la oportunidad de abrir un diálogo en casa desde la perspectiva familiar particular.

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