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Tras la demoledora transgresión de los derechos humanos (reconocida por la mismísima ONU [VIDEO]), pasada por alto por el Gobierno Español y el Jefe de Estado, el Rey Felipe VI, aparecen las más que previsibles consecuencias, pues por todos es conocido que la violencia, genera más violencia, aunque por desgracia, no todo conocimiento es asimilado con la misma intensidad.

La tensión aumenta

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) son grupos de radicales independentistas, que han decidido responder ahora con la misma moneda, alzándose contra la administración pública provocando un sinfín de actos vandálicos a modo de protesta.

Ante tales acontecimientos, se ha procedido a una primera detención y una imputación por terrorismo.

Hoy, aparece en portada que los Juristas se contraponen a vincular con el terrorismo a dichos Comités. Aparece incuestionable la clara dualidad existente también en la rama que constituye el Poder Judicial.

Ningún acto vandálico es cívico y deseable, que el fin justifica los medios es un argumento rancio, pobre e inválido, que desafortunadamente, estos radicales han visto legitimado. La postura adoptada por el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, al aplicar sus ideales con una violencia contundente, defendiendo derechos y libertades a golpe de porras, ha fabricado un patrón de actuación en los rebeldes que, tengan más o menos razón, empezaron una lucha pacífica y de armas políticas.

Libre circulación

Calificar de terrorismo agitados actos de protesta, va un paso más allá en este juego absurdo y vergonzoso.

Es ridículo colocar en un pedestal a la Unión Europea, y distar tanto de ella cuando su visión legal de los hechos es tan diferente.

El líder independentista, Carles Puigdemont, ha sido puesto en libertad, tras ser detenido bajo intensas y repetidas (algo amenazantes también) peticiones, enmascaradas de un colegueo impropio en tales circunstancias. Mientras otros cabecillas del procés catalán [VIDEO] circulan libremente por diferentes países europeos, otros políticos independentistas han sido precipitadamente encarcelados en España, ¿de veras no llama esto la atención? ¿por qué esto no ha calmado la indignación de los catalanes más violentos a los que ahora acusan de terroristas?

Tanto el Partido Popular como el resto de partidos que se oponen a una República en Cataluña, gozan de los mismos derechos que el resto, pero los primeros en utilizar la violencia física, además contra personas desarmadas y extremadamente pacíficas en algunos casos, han sido los respaldados por el Rey. ¿Con qué autoridad moral pueden ahora, tras pisotear incluso a la ONU, condenar como terroristas a un grupo de individuos que responden quemando bienes públicos y cortando carreteras? Incluso en el corazón de la justicia prevalece tal controversia.