No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Con una democracia de treinta y seis años, una Carta Magna de la misma edad, llega una normativa que se esperaba hace, quizás, el mismo número de años. En 2012 se presenta el primer boceto de ley, se aprueba en 2013 y entra en vigor en 2014, pero no se activa toda su extensión, ni para todos.

¿Para qué sirve?

La Ley de Transparencia tiene entre sus funciones, garantizar el derecho ciudadano de acceso a toda la información emanada por el Estado, obligando así a todas las administraciones a poner toda clase de datos de sus gestiones e inspeccionar la actividad pública. Esta normativa permite a los ciudadanos conocer contratos públicos, subvenciones, presupuestos, auditorías, retribuciones e indemnizaciones de cargos de alto nivel.

¿A quiénes alcanza la ley?

La ley de Transparencia y Acceso a la información y Buen Gobierno contempla su cumplimiento a todas las administraciones públicas y órganos constitucionales, como el Congreso de los Diputados, Banco de España, TC y el Senado. Zarzuela también está dentro de las instituciones que habrán de responder con el mismo régimen de transparencia, las Cortes Generales, partidos políticos, las CEOE, sindicatos y todas aquellas instituciones privadas que se beneficien con financiamientos públicos, como la Iglesia Católica.

¿Qué se puso en vigor?

La parte de Buen Gobierno tiene ya un año en marcha, de la que hay que resaltar las “buenas prácticas obligadas” a los altos puestos del gobierno y las casi 40 infracciones, mayormente graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias. También se añaden infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (el polémico art. 135 reformado en el 2011 por el PSOE y el PP). Entonces, lo que acaba de ponerse en marcha es la parte de la Transparencia y Acceso a la información.

La plataforma de transparencia lanzada por el Gobierno de Rajoy tiene un lado oscuro.

Como era de esperarse, el portal subido por el gobierno muestra al desnudo la forma en que se gasta el dinero, pero no todos los gastos ni todas las sumas. Moncloa se reserva el derecho de guardarse el dato correspondiente a aquello que ellos mismos califican de confidencial. Tampoco muestran la información relativa al movimiento de personal en los ministerios y, para rematar, los documentos no serán desclasificados.

Consejo de la Transparencia dependiente de Hacienda

Tal consejo estará integrado por cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría General de Administraciones Públicas y una autoridad fiscal. Como si esta composición no tirara por tierra la independencia de un órgano que fiscaliza la transparencia de todas las instituciones y dependencias públicas, también hay un puesto reservado para para un diputado y otro para un senador. El día 12 de Diciembre está previsto que el Consejo de Ministros anuncie la composición del Consejo de la Transparencia. Juez y parte, fiscal y fiscalizado. Esto no pinta bien.

La ley de Transparencia de España llega en antepenúltimo lugar en Europa

Requerida y esperada tiempo atrás, la transparencia en la gestión pública se ha vuelto un reclamo ineludible para los ciudadanos, y aún con mayor urgencia tras el estallido de casos de corrupción que acusan mayoritariamente al partido gobernante. Ha llegado, tarde y mal. España, junto a Luxemburgo y Chipre eran los únicos países sin una ley con estas características. Bueno ya está aquí la ley, un poco coja, un tanto extraña y poco traslúcida, pero está.

¿Dónde queda entonces España en el ranking de los 96 países que cuentan con esta ley? Access Info Europe presenta anualmente su ranking mundial de acceso a la información, en el que se analizan las leyes de transparencia y España ocupa el puesto 64 detrás de países como Serbia (135/150 pts) que lidera la lista, la India (128 pts) o México (117 pts). Esto no significa, para alivio de los españoles que puedan sentirse incómodos con esta plaza en el ranking, que una buena ley de transparencia esté bien implementada. Sin embargo, una norma que audita la conducta de los miembros de las instituciones públicas y la información que muestran a la ciudadanía no puede estar supeditada a los sujetos fiscalizados como sucede en España y muchos otros países. Eso no puede ser bueno para nadie.

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