No hay plazo que nose cumpla ni deuda que no se pague. Con una democracia de treinta y seis años,una Carta Magna de la misma edad, llega una normativa que se esperaba hace,quizás, el mismo número de años. En 2012 se presenta el primer boceto de ley,se aprueba en 2013 y entra en vigor en 2014, pero no se activa toda suextensión, ni para todos.
¿Para qué sirve?
La Ley deTransparencia tiene entre sus funciones, garantizar el derecho ciudadano deacceso a toda la información emanada por el Estado, obligando así a todas lasadministraciones a poner toda clase de datos de sus gestiones e inspeccionar laactividad pública.
Esta normativa permite a los ciudadanos conocer contratospúblicos, subvenciones, presupuestos, auditorías, retribuciones eindemnizaciones de cargos de alto nivel.
¿A quiénes alcanza la ley?
La ley de Transparenciay Acceso a la información y Buen Gobierno contempla su cumplimiento a todas lasadministraciones públicas y órganos constitucionales, como el Congreso de losDiputados, Banco de España, TC y el Senado. Zarzuela también está dentro de lasinstituciones que habrán de responder con el mismo régimen de transparencia,las Cortes Generales, partidos políticos, las CEOE, sindicatos y todas aquellasinstituciones privadas que se beneficien con financiamientos públicos, como laIglesia Católica.
¿Qué se puso en vigor?
La parte de BuenGobierno tiene ya un año en marcha, de la que hay que resaltar las “buenasprácticas obligadas” a los altos puestos del gobierno y las casi 40infracciones, mayormente graves, en materia de gestión económico-presupuestaria ydisciplinarias. También se añaden infracciones derivadas del incumplimiento dela Ley de Estabilidad Presupuestaria (el polémico art.
135 reformado en el 2011por el PSOE y el PP). Entonces, lo que acaba de ponerse en marcha es la partede la Transparencia y Acceso a la información.
La plataforma de transparencia lanzada por elGobierno de Rajoy tiene un lado oscuro.
Como era deesperarse, el portal subido por el gobierno muestra al desnudo la forma en quese gasta el dinero, pero no todos los gastos ni todas las sumas.
Moncloa sereserva el derecho de guardarse el dato correspondiente a aquello que ellosmismos califican de confidencial. Tampoco muestran la información relativa almovimiento de personal en los ministerios y, para rematar, los documentos noserán desclasificados.
Consejo de la Transparencia dependiente deHacienda
Tal consejo estaráintegrado por cinco vocales del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo,Agencia Española de Protección de Datos, Secretaría General de AdministracionesPúblicas y una autoridad fiscal. Como si esta composición no tirara por tierrala independencia de un órgano que fiscaliza la transparencia de todas lasinstituciones y dependencias públicas, también hay un puesto reservado parapara un diputado y otro para un senador.
El día 12 de Diciembre está previstoque el Consejo de Ministros anuncie la composición del Consejo de laTransparencia. Juez y parte, fiscal y fiscalizado. Esto no pinta bien.
La ley de Transparencia de España llega enantepenúltimo lugar en Europa
Requerida yesperada tiempo atrás, la transparencia en la gestión pública se ha vuelto un reclamoineludible para los ciudadanos, y aún con mayor urgencia tras el estallido decasos de corrupción que acusan mayoritariamente al partido gobernante. Hallegado, tarde y mal. España, junto a Luxemburgo y Chipre eran los únicospaíses sin una ley con estas características. Bueno ya está aquí la ley, unpoco coja, un tanto extraña y poco traslúcida, pero está.
¿Dónde queda entoncesEspaña en el ranking de los 96 países que cuentan con esta ley? Access Info Europe presenta anualmente suranking mundial de acceso a la información, en el que se analizan las leyes detransparencia y España ocupa el puesto 64 detrás de países como Serbia (135/150pts) que lidera la lista, la India (128pts) o México (117 pts). Esto no significa, para alivio de los españoles quepuedan sentirse incómodos con esta plaza en el ranking, que una buena ley detransparencia esté bien implementada. Sin embargo, una norma que audita laconducta de los miembros de las instituciones públicas y la información quemuestran a la ciudadanía no puede estar supeditada a los sujetos fiscalizadoscomo sucede en España y muchos otros países. Eso no puede ser bueno para nadie.
