El actual alcalde de Toledo, Emiliano García Page, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Castilla-La Mancha y candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones, en calidad de testigo, y su antecesor en el consistorio toledano, José Manuel Molina, del Partido Popular (PP), como imputado, han prestado declaración hoy ante el juez Ruz.
Lo que está investigándose es si Sufi, empresa filial de la constructora Sacyr, se adjudicó la contrata de recolección de basura de la capital castellano-manchega, tras el pago al PP de 200 mil euros, y si ese dinero sirvió para financiar la campaña electoral de Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha en 2007.
Eso es lo que pone en los papeles de Bárcenas y lo que ha declarado, judicialmente incluso, el propio Bárcenas, que afirma haber hecho de interlocutor en una reunión personal entre los máximos responsables de Sacyr y Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha y actual presidente de las cortes regionales. Además de las declaraciones de unos y otros, existe un "recibí" firmado por el tesorero regional del PP por importe de 200 mil euros.
El ayuntamiento de Toledo estaba gobernado en 2007 por el PP y su alcalde era José Manuel Molina, responsable por consiguiente de adjudicar la contrata de recogida de basuras a la empresa Sufi, por eso ha sido imputado por el juez Pablo Ruz.
Porque sobre este contrato no sólo recaen las sospechas derivadas de las declaraciones de Bárcenas, el encarcelado ex-tesorero del PP, también es sospechoso el hecho de que la contrata que se había adjudicado en principio en 6 millones de euros, cuatro días antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, fue revisado al alza hasta los 11.4 millones, y un informe de la Intervención General de la Administración del Estado manifiesta que esa mejora "es nula de pleno derecho".
Aquellas elecciones de 2007, en Castilla-La Mancha y en Toledo, las ganó el PSOE, por lo cual Emiliano García Page pasó a ser alcalde capitalino, que también ha declarado hoy ante el juez Ruz, en este caso como testigo, pues es quien ha debido asumir y gestionar el contrato que le dejó hecho su antecesor.
Como era de esperar, todos los responsables del PP, empezando por los propios Dolores de Cospedal y José Manuel Molina, han negado todas las acusaciones y desmienten la existencia de ninguna irregularidad en la contrata adjudicada.
Es la justicia quien se está encargando de intentar aclarar el asunto.
Asunto que no es otro que el de la presunta financiación ilegal del Partido Popular y la existencia de la caja B en las cuentas de dicha organización reflejadas en las "cuentas de Bárcenas". Es un tema, si cabe, más grave que el que unos políticos hayan lucrado personalmente abriéndose cuentas opacas en Suiza o pagándose viajes privados. Si lo denunciado resulta cierto significará que el partido político gobernante en España y en Castilla-La Mancha lo ha hecho financiándose ilegalmente, en este caso, por ejemplo, a costa de las arcas del Ayuntamiento de Toledo, porque es evidente que si una empresa entrega dinero en B sólo puede ser a cambio de conseguir más de lo que entrega.
Y no sólo es cuestión de dinero, sino de juego sucio, de hacer doblemente trampas, políticas y empresariales, trampas a los rivales políticos que no pueden competir electoralmente con la misma financiación y trampas a las empresas que intentasen conseguir los contratos sin pagar "mordidas" a los políticos.
