Familiares de las víctimas de Augusto Pinochet y sus esbirros protestaron en Santiago contra la decisión tomada por la Corte Suprema de Chile de liberar a siete exagentes del régimen. Los exagentes cumplían condena por diversas violaciones de los Derechos Humanos. Representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, protestaron frente al Palacio de los Tribunales de Santiago, en rechazo a la decisión judicial que, según los manifestantes, “favorece la impunidad”.
Una decisión a favor de la impunidad
Según la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, la Corte Suprema de Chile, al igual de como lo hizo durante los tiempos de la dictadura de Pinochet, ha vuelto a fijar una posición política a favor de la impunidad.
Los protestantes sostenían fotografías de sus familiares desaparecidos y asesinados durante el régimen dictatorial de Pinochet, así como pancartas que aludían a los hechos. También entonaron consignas en rechazo a Hugo Dolmestch, uno de los magistrados de la II Sala Penal de la Corte Suprema de Chile. Dolmestch fue el encargado de la decisión de otorgar la libertad condicional a seis de los siete condenados beneficiados.
La Corte ordenó el martes la excarcelación de cinco de los exagentes, quienes ahora cumplirá sus condenas en libertad condicional. Adicionalmente, el día de ayer, se pudo conocer que otros dos represores, esbirros del régimen han obtenido el mismo beneficio.
En contra de los tratados internacionales
Pizarro calificó como una "desvergüenza" los fallos del tribunal.
Aseguró que estas excarcelaciones contravienen lo establecido en materia de DD.HH a nivel internacional e incumplen los tratados internacionales firmados por el Estado chileno. La dirigente consideró que la Corte emitió "señal política" en demostración de su sintonía con el Gobierno de Sebastián Piñera. Aseveró que es la misma “derecha” que violó los DD.HH.
en 1973 y durante los 17 años sucesivos. Dijo además que están “devolviendo los favores a la mal llamada familia militar”.
La presidenta de la Agrupación repudió la actitud de Hernán Larraín, ministro de Justicia, señalándolo como un férreo defensor del régimen y lo acusó de haber defendido la Colonia Dignidad, un centro de detenciones, torturas y asesinatos ubicado al sur de Chile que funcionó durante la dictadura.
Los manifestantes informaron que denunciarán los hechos ante las instancias nacionales e internacionales, ya que no pueden quedar impunes los mas 3.800 asesinatos y desaparecidos y los 38.000 casos de tortura que ocurrieron durante la dictadura.
