El Gobierno de Chile, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, enviará un comunicado a su homólogo de Venezuela. Este comunicado manifestará su preocupación por la elevada suma de dinero que se cobra a los venezolanos que se encuentran en la nación austral por el trámite de legalizar el certificado de antecedentes penales. Este documento es requerido por los venezolanos para regularizar su situación migratoria, así lo informó el pasado miércoles el canciller Ampuero, quien precisó además que la misiva será enviada el este jueves 2 de agosto a Caracas.

La medida adoptada por el gobierno de Maduro viene a sumarse a una serie de trabas a las que deben enfrentarse los venezolanos que desean emigrar a otro país

Impacto en la política migratoria chilena

El jefe de la cartera diplomática del Gobierno de Sebastián Piñera expuso que este tipo de medidas adoptadas por el Gobierno venezolano afectan la política migratoria de su país. Aseveró que el presidente Piñera promueve una política migratoria caracterizada por el orden, la transparencia y la responsabilidad, y que estas nuevas medidas tomadas por el gobierno de Caracas impactan de manera negativa en dicha política.

En tiempos anteriores, los migrantes venezolanos podían realizar la solicitud del documento de certificación, en caso de no poseer antecedentes penales en Chile, a través de la página web del ministerio correspondiente en Venezuela. Recientemente se agregó como requisito la validación de ese certificado en la embajada venezolana en Santiago.

Se sabe que más de 30.000 migrantes venezolanos se han apegado a la normativa contemplada en el plan de regularización migratoria impulsado por el gobierno de Chile.

El plan que inició en abril y finalizó en el mes de julio, permitió atender la gran cantidad de extranjeros que han llegado a esa nación en los últimos años, elevando la cifra de inmigrantes de de 400.000 a más de 1.100.000.

El monto a cancelar

Ampuero señaló que el nuevo monto a cancelar para legalizar el certificado, de no poseer antecedentes penales, es de 50 dólares norteamericanos, lo cual es un monto muy elevado dada la simplicidad del trámite.

Informó también que el día de ayer, 1 de agosto, el Director General Consular de su país convocó a una reunión al encargado de negocios de la Embajada venezolana en Chile, a fin de hacer de su conocimiento la preocupación de su Gobierno por la nueva medida arancelaria adoptada para el dicho trámite.

Otros obstáculos migratorios para los venezolanos

Este nuevo arancel viene a sumarse a la serie de obstáculos que enfrentan los venezolanos que desean emigrar a otros países huyendo del régimen de Maduro.

Algunos ejemplos de estos obstáculos son: el pasaporte con mínimo 18 meses de vigencia para poder otorgar la visa de responsabilidad democrática en Chile o la exigencia por parte del gobierno de Argentina de algunos documentos que no son emitidos por las universidades venezolanas para tramitar el permiso de trabajo y la colegiatura.

Sin contar con las excesivas trabas que buscan detener la diáspora, que a todas luces se ha ido de las manos del régimen.

Alguna de las principales quejas de los venezolanos al respecto son: las páginas web oficiales que “se cuelgan” o simplemente están inoperativas durante semanas o meses, las largas filas para realizar a los trámites, la reducción del número de citas diarias para la entrega de documentos apostillados y hasta la inexistencia de “material” para imprimir el pasaporte venezolano.

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