La gendarmería francesa ha entrado en el Parlamento de la República Francesa en busca de pruebas que incriminen a Penélope Fillon, esposa del candidato en el escándalo de un presunto contrato ficticio como asistenta de su marido por el que se abría embolsado unos 500.000 euros.Según está informando la agencia de noticias Reuters, la policía está llevando un registro en las propias oficinas administrativas del Parlamento y no en el despacho que François Fillon tiene en la cámara. Este registro se suma a la declaración que la pareja realizó ante la fiscalía de Asuntos Financieros donde dieron sus explicaciones sobre el caso.
La denuncia proviene del medio satírico Le Canard Enchainé, algo así como El Jueves en España que destapó el asunto la semana pasada, causando gran revuelo en el país galo
El escándalo está pasando factura al candidato de la derecha a la presidencia de Francia, François Fillon y parece que puede poner en peligro buena parte de sus opciones a vencer las Elecciones, sobre todo con el candidato liberal Macron, ganando posiciones y con una Le Pen con muchas opciones.
Fillon se ha manifestado públicamente como víctima de un ataque desde posturas rivales que quieren impedir que su candidatura sea la vencedora en las próximas elecciones presidenciales, además, Fillon, tiene previsto seguir como candidato y que, hasta que no sea formalmente imputado, no se retirará de la carrera electoral.
Las últimas encuestas perfilan un descenso de la popularidad del candidato, uno de los principales rivales de la candidata de Frente Nacional Marine Le Pen, situándole a sólo un punto del que se perfila como candidato sorpresa a las elecciones, Emmanuel Macron, líder del nuevo movimiento político que conocido como ¡En Marcha!, donde este exministro de Hollande pone de manifiesto su abandono del socialismo y su acercamiento hacia posturas socioliberales o centristas.
Además, unos 270.000 ciudadanos franceses, hasta la fecha, han firmado una petición a través de la plataforma Change.org, donde solicitan a Penelope Fillon el retorno de esos 500.000 euros cobrados de forma presuntamemte ilegal.
