La Onu, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales han condenado el asesinato de una destacada activista ambiental que tuvo lugar el miércoles en Honduras. Lesbia Yaneth Urquia murió cuatro meses después de los disparos a la premiada ecologista Berta Cáceres.

Ambas mujeres habían pasado años haciendo campaña en contra de una presa gigante. Más de 100 personas han fallecido en Honduras en tan sólo cinco años por los proyectos de represas, minería, tala y agricultura, según han explicado los grupos que defienden los derechos humanos.

En un comunicado, la Unión Europea dijo que deben adoptarse medidas urgentes necesarias para luchar contra la impunidad y proteger a los activistas de los derechos humanos. “Este asesinato, así como el clima de violencia que sigue prevalecinedo sobre los defensores de los derechos humanos en el  país es un desarrollo muy preocupante”, dijo en el comunicado la Unión Europea.

El cuerpo de la señora Urquia, de 49 años, fue encontrado abandonado en un vertedero en el municipio de Marcala, a unos 160 kilómetros al oeste de la capital, Tegucigalpa. Era madre de tres hijos, fue miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras y había estado trabajando para detener un proyecto hidroeléctrico en el oeste del departamento de La Paz, Honduras.

El Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) puso un comunicado en su sitio web en el que decía: “La muerte de Lesbia Yaneth es un femicidio político que trata de silenciar las voces de las mujeres con el valor y el coraje para defender sus derechos”. Y también añadieron que hacían directamente responsable al gobierno de Honduras de su asesinato.

Los funcionarios judiciales dijeron que ya habían abierto una investigación sobre el homicidio de Yaneth. La violencia en Honduras ha aumentado desde julio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue expulsado del poder.

El nuevo gobierno de derecha licencia cientos de proyectos de infraestructuras incluidas las minas y presas hidroeléctricas en las zonas ambientalmente sensibles. En los Estados Unidos, los políticos han expresado su preocupación por la violencia.