El 3 de diciembre de 1984, una fuga de isocianato de metilo en una fábrica en una fábrica de pesticidas. Este gas al entrar en contacto con la atmósfera se descompuso en gases tan tóxicos como son el fosgeno, monometilamina, y cianuro de hidrógeno, éstos formaron una nube letal y miles de personas murieron asfixiadas de manera inmediata. Esto afectó a 6.000 y 8.000 personas en la primera semana y mas de 25.000 personas han muerto y otros 500.000 sufren las consecuencias.
Las historias de los supervivientes son aterradoras. Cuentan historias de pánico y desesperación porque nadie podía escapar de aquello, El aire quemaba la piel, los ojos...
todo. Pero, cuando amaneció, la situación era aún más desoladora, ciento de cadáveres, familias enteras sin vida y gente sufriendo las consecuencias.
Las consecuencias aún perduran. Según los últimos estudios el nivel de mercurio se ha elevado hasta 6 millones por encima de su nivel, el nivel de tricloroetileno estaba 5 veces por encima de lo permitido y presencia de MIC (isocianato de metilo). También se han encontrado restos de productos químicos relacionados con el cáncer, la malformaciones infantiles, daños cerebrales y otras sustancias muy perjudiciales para la lactancia materna. Además las aguas están contaminadas, por lo que ni las nuevas generaciones se salvan, siguen naciendo bebes con malformaciones y muchos de ellos mueren debido tanto a la gravedad de sus situación como a la falta de medios sanitarios.
No obstante, tras la tragedia nadie ha sido cumplido condena. Las asociaciones de apoyo a las víctimas culparon a Warren Anderson, presidente y consejero, de la planta química Union Carbide. Pero este huyó del país, tres días después de haber sido detenido, y fue protegido por la política estadounidense. Además, la planta química siempre se ha negado a revelar los detalles sobre la composición del gas y su efecto en las personas, lo ha sido determinante a la hora de salvar la vida de los afectados.
Cinco años después, la planta fue comprada por Dow Chemical, a la que además de una indemnización, reclaman que se haga responsable de los daños y proceda a limpiar las zonas afectadas.
Son muchas las víctimas de este desastre, y algunas de ellas no pueden trabajar debido a su incapacidad parcial o permanente, pero ni ellas ni algunos de sus familiares.
Por lo que viven hundidos en la miseria, y apenas reciben una pensión de 300€ al mes, una cantidad insuficiente incluso para los tratamientos de los que necesitan, y algunos han de elegir entre comer o medicarse. Una decisión difícil, pues sin alguna de ellas tarde o temprano tendrá una consecuencia fatal.
